Derechos humanos y lujos de clase

7 marzo 2014 México ha estado regulado por una Ley General de Población diseñada hace 40 años, cuando alcanzábamos la más alta tasa de crecimiento poblacional y la población se duplicaba cada 20 años. La disminución de las tasas de natalidad y de mortalidad transformó positivamente la demografía del país en las décadas pasadas: hoy somos 50 millones menos de los que seríamos si no hubiera cambiado la política de población. Nos acercamos a la tasa de remplazo, así que el reto actual apunta hacia el ejercicio de las libertades y del derecho a decidir, los cuales siguen siendo un lujo de las clases medias y altas. Un solo caso ilustra la situación actual de la población en una comunidad, la de Tlapa, Guerrero. Cuando Andrés cumplió 13 años, su padre decidió que antes de migrar como jornaleros para Sinaloa, habría que casarlo con Felícitas, de 12 años, la hija de su vecino. Ofreció 60 mil pesos de dote, pero como Felícitas no sabe cocinar, el negocio quedó en 40 mil; importa casar a las niñas antes de que menstrúen, porque si ya tienen sangrado podría pensarse que alguien ya las tomó. El valor de la inversión se recupera poco a poco. Hay que contar con más manos para la cosecha del jitomate, porque la paga es de seis pesos por cada cubeta llena. Los hijos que tengan en los siguientes años también cuentan; después de los cuatro o cinco años son manos que contribuyen a juntar más cubetas. Andrés habla de casamiento sin amor: “Aquí, maestra, la gente nos casa sin amor, porque, pues, nos casa con personas que no conocemos… yo no sé ni quién es, ni la conozco, ni sé cómo se llama, pero ya fueron a hablar con la familia de ella, para que se case”. Nueve meses después Felícitas nos invitó al bautizo de su primer hijo; estaba muy orgullosa con su bebé. Cada acto humano es un “acto social total –decía Marcel Mauss– porque expresa la relación de lo social con lo individual, de lo físico con lo síquico, incluye las modalidades políticas, económicas, jurídicas y estéticas, el ciclo de vida y los fenómenos fisiológicos, las representaciones conscientes e inconscientes individuales y colectivas. Jamás podremos saber si hemos averiguado el sentido y la función de una institución si no podemos revivir su incidencia sobre una conciencia individual” (Sociología y antropología, Editorial Tecnos, Madrid, 1979). Considerando la tasa promedio de las áreas rurales, es posible que Felicitas y Andrés lleguen a tener tres o cuatro hijos, y no ocho o 10 como tenían sus abuelos, pero el caso muestra que, más allá del tamaño de la familia, el reto es garantizar las libertades y su derecho a decidir. Felícitas es parte del 60 por ciento de adolescentes que se hacen madres antes de cumplir los 19 años, porque es lo que esperan de ella en su comunidad; ella ya terminó la primaria (su madre sólo estudió dos años) pero nunca pensó en ir a la secundaria, y menos a niveles superiores, de ahí que acepta casarse y ser madre desde el primer momento y no experimenta un embarazo no deseado, porque tener un hijo es la única opción que tiene de futuro. El otro 40 por ciento de adolescentes embarazadas no deseaban ser madres, pero la ignorancia y la falta de acceso a anticonceptivos y a la interrupción del embarazo las convierte en madres involuntarias. Esta semana la Secretaría de Gober¬nación presentó a consulta una iniciativa para reformar la Ley General de Población. Se trata de una gran oportunidad para fortalecer una visión centrada en las libertades y en los derechos humanos, a la cual México se comprometió en la Conferencia Internacional de Población de 1994 y en el Consenso de Montevideo en agosto del año pasado. Este último establece los términos para que la nueva LGP responda a la necesidad deGarantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de violencia, la protección y el ejercicio de derechos humanos, la disponibilidad de opciones, y el acceso a la salud, la educación y la protección social y la necesidad de invertir en la juventud, especialmente en la educación pública, universal, laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita y de calidad, para lograr que sea una etapa de vida plena y satisfactoria, que les permita construirse a sí mismos como personas autónomas, responsables y solidarias, capaces de enfrentar creativamente los retos del siglo XXI. Para que estas palabras sean más que retórica, la LGP tendría que recuperar a la población como eje de una política de Estado, fortalecer la función del Conapo como rector de la planeación y de la acción pública que dignifica la política al alcanzar acuerdos con todos los actores (funcionarios, partidos, poderes, gobiernos estatales, academia, sociedad civil, empresarios, dueños de los medios) a fin coordinar medidas estructurales que mejoren las condiciones de las y los mexicanos, y que garanticen también su derecho a circular libremente dentro y fuera del territorio. De lo contrario, seguirán creciendo los movimientos de resistencia, las autodefensas y las alternativas ciudadanas paralelas al Estado. Aprovecho este espacio para un tema personal, frívolo, ridículo y absurdo, por decir lo menos. Vivo en el barrio de Santa Catarina, en Coyoacán. En una zona tranquila donde hasta ahora no hemos tenido problemas de vialidad ni de estacionamiento, nos quieren imponer parquímetros. Esta semana parece un estado de sitio: en cada cuadra hay dos policías cuidando la base donde pretenden colocar las máquinas tragadinero. Trajeron uniformados de todas las delegaciones. La joven policía que cuida la base en mi cuadra me decía que está en desacuerdo con los parquímetros, que es un negocio de arriba, y que se siente avergonzada por tener que defender una acción contraria a la voluntad del vecindario, pero que tienen amenaza de arresto si le pasa algo a la pequeña base de cemento.