Carta a Perla Gómez Gallardo

13 junio 2014 Después de analizar la resolución del caso de acusación y expulsión al profesor José Enrique González Ruiz de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un grupo de feministas decidimos dirigir una carta a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Tratándose de promover un juicio correcto a quien es acusado de acoso sexual por una mujer, debo compartir a mis lectores que hemos recibido múltiples cuestionamientos por parte de compañeras del movimiento. Sin embargo, importa aclarar que algunas de quienes dedicamos nuestras mejores energías a promover el respeto a los derechos de las mujeres, experimentamos el mismo coraje ante actos de injusticia contra los hombres. Porque más allá de saber que la condición de mujer determina ser víctima de discriminación y violencia por razones culturales y políticas –toda vez que la construcción cultural del sexo y del género se establece en torno al prestigio que hacen los actores masculinos socialmente dominantes–, este conocimiento no impide que de facto, algunas mujeres pudieran eventualmente utilizar perniciosamente el marco de protección del derecho a la igualdad, a la integridad personal y de lucha contra la violencia de género, un marco que ha costado años de construcción y movilización feminista. Aquí el texto de la carta entregada el día de ayer. Estimada doctora Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: Las y los abajo firmantes, como defensoras/es de derechos humanos, en especial de las mujeres, queremos expresarle nuestra indignación por la falta al debido proceso a la cual ha sido sometido el profesor José Enrique González Ruiz, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es muy indignante que sin pruebas se haya enjuiciado y expulsado al doctor González Ruiz, tal como queda asentado en la resolución del caso de acusación de hostigamiento sexual presentada por Clemencia Correa y Carmen Rodríguez. En el oficio UACM/OAG/314/2014 suscrito por el licenciado Federico Anaya Gallardo, encargado del despacho de la oficina del abogado general de la UACM, en la página 34, numeral quinto, a la letra dice que ninguna de las dos acusadoras puede acreditar, mediante pruebas gráficas ni documentales y tampoco con testimonio, los varios incidentes en los que argumentan haber sido hostigadas sexualmente por el profesor González Ruiz. En la descripción de los hechos hay inconsistencias y secuencias inverosímiles. Se recurre, además, a argumentos falaces y ridículos al hacer la presunción de discriminación de género. Tal como se asienta en la página 35, numeral 5.1, el abogado hace alusión al “ambiente adverso al ejercicio de los derechos de las mujeres en el espacio académico en el cual habrían ocurrido los hechos denunciados (… toda vez que…) en el posgrado no hay ambiente de paridad, por lo tanto hay discriminación indirecta en contra de las mujeres”. En la página 36 se agrega que “debe concluirse que el ambiente de inequidad prevaleciente en el posgrado (…) constituye un contexto en el cual las imputaciones de las presuntas víctimas son creíbles” (se asienta eso como parte de una corroboración periférica). Considerando de manera estricta la perspectiva de género, la falta de paridad por sexo en un equipo académico no acredita de manera automática la presencia de discriminación de género. Es necesario argumentar con base en nociones políticas y normativas, así como del orden simbólico y subjetivo, la presencia de actos de discriminación de género. La falta de paridad tampoco puede ser única fuente de credibilidad ni da razón de verdad al discurso de una mujer o de las mujeres. Por las razones expuestas, contamos con que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a su digno cargo coadyuvará para recomendar en este caso un juicio correcto, respeto al derecho al debido proceso y reincorporación al empleo del profesor González Ruiz, en caso de que proceda. Es importante recomendar también que cese la persecución y hostilidad hacia los integrantes del posgrado en promoción y defensa de los derechos humanos de la UACM. La carta la firman, además de quien suscribe estas líneas, líderes de la estatura de Rosario Ibarra de Piedra, María Consuelo Mejía, Mary Carmen de Lara, Jesusa Rodríguez, Ana Esther Ceceña, Marylena Bustamante, así como destacadas/os académicas/os y defensoras/es de derechos humanos. Cambio de tema. No puedo dejar de mencionar el retroceso en el derecho al aborto sufrido por las mujeres de Guerrero y Nuevo León. La posición de los partidos es patética; el PAN siempre ha comulgado con principios antagónicos a los derechos de las mujeres, el PRI navega con cara de laico pero pareciera que negoció respaldar la agenda del Vaticano a cambio de apoyo electoral. Y la división de las izquierdas es dolorosa: si se comprendiera que penalizar el aborto es criminalizar la pobreza hubiesen votado todos los partidos por despenalizarlo. En particular lamento la posición de López Obrador, cuya lucha contra las desigualdades es ejemplar. En Guerrero afirmó que es más importante combatir la pobreza y que habría que consultar al pueblo sobre el aborto, que no se imponga nada. Él no se ha percatado que el aborto como derecho no obliga a nadie a realizarlo y que su garantía no puede someterse a las mayorías; tal vez por no haber experimentado la maternidad y la energía que se invierte en la crianza de un bebé, no alcanza a valorar que el derecho a decidir es clave para que las mujeres pobres puedan acceder a un vida más digna.