Máscaras de legitimidad

27 julio 2012

En este país las leyes y programas se utilizan como máscaras de legitimidad que al confrontarse con los hechos se contradicen, se recurre a los términos jurídicos como si sólo fueran palabras combinadas con destreza o artificios retóricos que lucen muy bien guardados en un cofre de marfil.

Esa situación quedó confirmada por la delegación mexicana durante la 52 sesión del Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la cual fue realizada para evaluar el cumplimiento de la convención aprobada en 1979 por la ONU, y ratificada por México en 1981.

Las y los delegados mexicanos al invocar leyes y avances del marco jurídico pretendieron evadir preguntas tan concretas como: ¿cuál es el nivel de reducción de las diversas formas de violencia contra las mujeres para pensar que realmente se ha garantizado que ellas vivan seguras? ¿Cuántos asesinatos menos hay? ¿Cuántas desapariciones menos hay?” Pido respuestas, no sólo leyes, cuestionó severamente Dubravka Simonovic, una de las evaluadoras del comité.

Si algo quedó claro en la reunión es que el Estado mexicano no ha cumplido los compromisos de la CEDAW ni sus recomendaciones. Gracias a la participación inédita de 113 organizaciones de la sociedad civil, se pudo desmentir el informe oficial y conocer con precisión el grado de violencia contra las mujeres en 18 informes sombra que mostraron puntualmente los hechos, según afirma María de la Luz Estrada, representante de Católicas por el Derecho a Decidir y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

México ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres en el mundo. La violencia contra las mujeres se ha visto agravada e invisibilizada por el combate a la delincuencia organizada y la militarización del país. A partir de 2008, la violencia contra las mujeres registró un incremento sostenido. Entre enero de 2010 y junio de 2011, las procuradurías estatales registraron mil 235 víctimas de presuntos feminicidios, de los cuales 320 sucedieron en el estado de México, 169 en Tamaulipas y 168 en Sinaloa; el 51 por ciento de las víctimas murieron a consecuencia de golpes, quemaduras, traumatismos, asfixia y heridas punzocortantes, el 46 por ciento a causa de un arma de fuego. De 2005 a 2012 han asesinado a 13 mujeres periodistas y el año pasado a 11 defensoras de derechos humanos. El Estado mexicano no representa ninguna garantía de seguridad para las mujeres; la renta y venta de cuerpos, la trata de niñas de 10 a 17 años, es actualmente una vía para aumentar las ganancias del crimen organizado. Se cuestionó la incongruencia del Estado al tener una fiscalía para investigar la trata de personas sin tener facultades contra el crimen organizado ¿Cómo es posible que a un negociante de trata de personas se le apliquen sólo cinco años de prisión, en cambio a una mujer por abortar le asignen 35 años de cárcel? ¿Qué clase de institución es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando presenta una demanda de inconstitucionalidad ante una ley que protege los derechos reproductivos de las mujeres (se refiere a la ley que autoriza el aborto libre en el DF)?

Más indignante es que México presente un patrón de impunidad sistemática: tan sólo 4 por ciento de los casos de feminicidio han sido sentenciados, y se desconoce si tales sentencias son condenatorias o absolutorias. La opacidad y la inconsistencia de datos es otro rasgo gubernamental.

Como dato positivo, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres señaló que el presente gobierno ha dado lugar a un 5 por ciento de disminución de la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas masculinas. Muy bien, pero si combinamos ese dato con el aumento del feminicidio, ¿será que ahora ya no les pegan a sus mujeres sino que las matan?

Soledad Murillo de la Vega –experta del Comité– manifestó su indignación ante la impunidad en torno a las violaciones sexuales cometidas por policías contra 26 mujeres en San Salvador Atenco, estado de México. ¿Cómo es posible que las mujeres hayan sido violadas en el traslado realizado por la propia policía, y hasta el día de hoy no haya un solo detenido? Y a pregunta expresa del comité sobre las expectativas que las organizaciones de mujeres mexicanas tienen respecto del futuro gobierno, ellas señalaron la falta de certeza sobre quién gobernará México ante la impugnación de la elección presidencial; y al referirse a Enrique Peña Nieto destacaron su responsabilidad en la impunidad del caso Atenco y que, siendo gobernador de la entidad que registra el mayor índice de feminicidio, se negó a declarar la alerta de género, como lo exige la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Tal como atestiguamos también en el proceso electoral, en México se recurre al lenguaje jurídico para tapar los hechos, las leyes se han convertido en una máscara útil para ocultar la verdad; a mí me encantaría que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo desmintiera, pero lo dudo. A nuestras instituciones les está pasando lo que a Fernando Pessoa: “Cuando quise quitarme la máscara, estaba pegada a la cara. Cuando me la quité y me vi al espejo, ya había envejecido.