¡No más viacrucis!

22 abril 2011
Es Viernes Santo y estamos a dos días de celebrar cuatro años de la despenalización del aborto en la ciudad de México. Con todo respeto a los creyentes, la cercanía de estos dos acontecimientos me obliga a subrayar la necesidad de exigir a los políticos que separen sus creencias religiosas de su función pública. Porque la mezcla de estas dos esferas es una amenaza para el ejercicio de las libertades de los ciudadanos, en especial de los derechos de las mujeres.
Desde el 26 de abril de 2007, los representantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal decretaron la reforma al Código Penal que despenalizó el aborto por decisión de la mujer hasta la semana 12 de gestación; con ello reforzaron la laicidad del Estado y, además, permitieron que las mujeres ejercieran el derecho a una maternidad libre, informada y responsable.
Hoy tenemos estudios que documentan lo ocurrido en estos años. Hay muy buenas nuevas por celebrar: hasta los primeros días de este mes, 56 mil 447 mujeres habían recibido un servicio seguro de interrupción legal de embarazo (ILE); otras 14 mil 400 que solicitaron el servicio no lo realizaron, lo que habla bien del servicio de consejería previo a la decisión, toda vez que asegura que a nadie se obliga a abortar, que la decisión de la embarazada es libre y que se cumple con los criterios de elegibilidad señalados por la ley. Llama la atención que no se ha reportado ningún caso en que la mujer embarazada decida dar en adopción a su bebé, a pesar de que se aborda como una de las tres opciones en la consejería; las otras son continuar el embarazo y hacerse madre, o bien recurrir a la ILE. Hay que saber que el método elegido por 70 por ciento de usuarias ha sido el uso del misoprostol, es decir, que se prefiere recurrir a un medicamento en vez del procedimiento quirúrgico, que ha sido la aspiración manual endouterina en el resto de los casos. El 75 por ciento son residentes del DF, 21 por ciento del estado de México, solamente 3 por ciento son de otros estados. Muchas embarazadas que viven fuera desconocen que todas las mujeres tienen derecho a recibir un servicio de ILE en la ciudad de México. Sesenta y siete por ciento tenían al menos un hijo, 26 un hijo, y 22 por ciento, dos hijos. El 6 por ciento son menores de 18 años; 98 por ciento de ellas acuden acompañadas por su madre.
Entre los datos sobresalientes está que en México se observa una de las menores tasas de reincidencia de ILE en el mundo, menos de uno por ciento, lo cual contrasta con el aborto legal en otras latitudes, como en Suecia, donde el porcentaje de repetición es de 38 por ciento, o en China, donde es de 38.5 (Manuel Mondragón y Kalb, Armando Ahued Ortega et al, El perfil de las pacientes de ILE en los servicios de la SS/GDF entre 2007-2010, Secretaría de Salud del DF, Population Council, INSP, México, 2001). El trabajo de médicos, enfermeras y trabajadoras sociales es un ejemplo de calidad y calidez: 85 por ciento reporta que el médico “la hizo sentirse cómoda”, 87 reporta que el médico “hizo lo adecuado para controlar el dolor”, 83 por ciento aceptó usar un método anticonceptivo después del procedimiento (Davida Becker et al, Percepciones sobre la calidad de los servicios de ILE: resultados de una encuesta, INSP, Population Council, Secretaría de Salud DF y Universidad de California en San Francisco, México, 2011).
Pero al norte del país ocurre lo contrario: las mujeres pasan un verdadero viacrucis comparable al de Cristo. A principios de este año el juzgado cuarto penal de Mexicali, Baja California, emitió una sentencia por 23 años de prisión a la joven Leslye por el supuesto delito de homicidio agravado por parentesco. Se trata de una joven madre que sufrió un aborto espontáneo en su segundo embarazo y que, al acudir en estado de extrema debilidad al hospital, el médico le levantó una orden de aprensión sin haber desahogado las pruebas y en clara violación a la presunción de inocencia. Ella lleva dos años viviendo en la cárcel, su proceso está en apelación; esperamos que el amparo lleve a la libertad de la joven y a la reparación del daño por parte del Estado para ella y su familia.
Los legisladores, el jefe de Gobierno y los secretarios de Salud del Distrito Federal han sabido separar las creencias religiosas de la función pública, a fin de garantizar la libertad de conciencia y el derecho a decidir de las mujeres. Otros políticos parecen confundirse. Cuando Felipe Calderón decide acudir a la beatificación de Juan Pablo II no debería hacerlo como jefe de Estado, porque la de Roma es una ceremonia religiosa. Confusiones como esas llevaron a panistas y priístas a promover leyes antiaborto en el interior de México. Las recientes declaraciones de Andrés Manuel López Obrador preocupan, porque si bien yo celebro como una recuperación de la ética en la política afirmar que “si somos buenos podemos ser felices”, es imperativo que evite el leguaje religioso: “tenemos que hacer a un lado el odio, la codicia y practicar el amor el prójimo”, las últimas tres palabras son tomadas del Levítico en la Biblia. En mi calidad de mujer del Movimiento de Regeneración Nacional le exijo que nos confirme su defensa del Estado laico y su compromiso con el derecho de las mujeres a decidir.