domingo, 8 de febrero de 2015
¿Dioses inseguros?
6 de febrero de 2015. ¿Es posible disminuir la discriminación y la violencia desde el aula escolar? Tal parece ser el cuestionamiento de fondo en el segundo Foro sobre Educación Ciudadana Global convocado por la Unesco en sus oficinas centrales de París. Se trata de una pregunta de gran vigencia, considerando el ambiente de conflicto que se vive en tantas regiones del mundo, incluyendo la propia capital francesa, que apenas sufrió los brutales asesinatos de los caricaturistas de la revista Charlie Hebdo.
Entre las tensiones actuales que reconoce la propia Unesco están las contradicciones entre solidaridad global y competencia global; entre identidades (e intereses) locales e identidades globales; entre patrones jerárquicos que prevalecen en escuelas y aulas escolares frente al papel de la educación como formadora de pensamiento crítico y habilidades de cooperación.
Es un hecho, la escuela y los salones de clase siguen siendo en muchas ocasiones espacios antidemocráticos; los y las docentes suelen reproducir prejuicios y actitudes discriminatorias en vez de contribuir a la solidaridad y al ejercicio de los derechos humanos. A veces se argumenta que promover los derechos humanos puede colocar al docente en conflicto con intereses locales o nacionales. Sin embargo, el reto de la educación es mejorar las condiciones de la sociedad, construir habilidades que fortalezcan la paz y el entendimiento, en especial donde hay pluralidad étnica, religiosa o cultural. Respetar la pluralidad exige trabajar con gran sensibilidad y compromiso, a fin de colaborar y no amenazar la estabilidad de una nación.
En la mesa sobre diversidad y diálogo interreligioso, la profesora Lynn Davis, de la Universidad de Birmingham del Reino Unido, fue contundente: la religión no puede ser cómplice del conflicto; fortalecer el laicismo hoy es vital para fortalecer la seguridad de las naciones. La también profesora emérita, especialista en educación para la paz, contra extremismos e islamofobia, ha realizado investigación en Malasia, Sri Lanka y otros países asiáticos; actualmente trabaja por la democracia e igualdad de género en Afganistán. Su mensaje principal es que la religión en la política es un ejercicio peligroso y que un sistema político laico es la mejor esperanza para la seguridad. Los conflictos son peores cuando se basan en la religión, ya que las identidades se hacen más fuertes, es casi imposible abrir el intercambio de ideas o de compromiso sobre las creencias si ambas partes piensan que Dios está de su lado. Cuando una religión levanta la mano a la hora de tomar decisiones políticas, se retira la posibilidad de igualdad para todos o ninguno de los credos. Las escuelas son espacios claves para aprender a vivir sin violencia, manteniendo una política laica.
El último libro de la doctora Davis tiene un título muy provocador: Dioses inseguros: seguridad, secularismo y educación ( Unsafe gods: security, secularism and education, IOE Press, London, 2014). El texto muestra cómo tanto la religión como el secularismo pueden ser inseguros o peligrosos, aunque la religión presenta la mayor amenaza. La religión ha sido cómplice en muchos conflictos del mundo; actualmente vemos cómo la tensión sunita-chiíta divide en zonas del Medio Oriente, conocemos las tensiones históricas entre católicos y protestantes del norte de Irlanda, la de budistas-hinduistas en Sri Lanka, de ortodoxos-musulmanes en Bosnia-Herzegovina, de cristianos-musulmanes en Nigeria y en la República Democrática del Congo; la lista es interminable. “Ciertas versiones del secularismo son también inseguras o peligrosas, como fue el caso de la dura versión del comunismo ruso, o del secularismo de Francia; intentar prohibir o privatizar completamente la religión en la realidad conduce a mayores tensiones. Yo trato de mostrar cuán necesario es acomodar de tal manera la religión que evite levantarse por encima de lo demás; no elevarla a un lugar especial en que esté exenta de crítica es la mejor esperanza que tenemos para mitigar el conflicto. Las religiones deben competir en el mercado junto con todas las otras visiones éticas. Hablar de Dios en las escuelas es problemático porque puede contribuir al conflicto, especialmente cuando hay segregación o cuando el currículo predica el odio a los demás, como vimos en Ruanda, o cuando indirectamente se hacen estereotipos de los demás, como ocurre en diversas regiones del mundo. Ciertas medidas de seguridad pueden ser también peligrosas, como el excesivo uso de armas o la militarización para ayudar a los países en desarrollo (el entrecomillado es mío). ¿Acaso nuestra presencia militar en Afganistán hizo ese país o al mundo un lugar más seguro?”
En el foro de la Unesco aprendí que si se quiere contribuir a construir un ambiente pacífico en México, la educación laica, enfocada en derechos humanos y contra las diversas formas de violencia y discriminación, tendría que ser un compromiso sustantivo de la Secretaría de Educación Pública. Habría que comenzar por cambiar los patrones jerárquicos que predominan en la propia estructura de la SEP, en las escuelas, en las aulas y en los sindicatos. Quitarse el miedo a luchar contra el extremismo religioso, dejar de suscribirlo como un ámbito exento de crítica, promover el pensamiento crítico y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, sería una forma de colaborar con la paz sin amenazar las libertades.
Madres adolescentes: una inercia social
23 de enero 2015. Hay mujeres que se hacen madres porque quieren y, hasta cierto punto, cuando quieren; otras se embarazan sin quererlo pero terminan con una maternidad aceptada; un tercer grupo son quienes sin desearlo, se hacen madres involuntarias. Las primeras son de clase media y alta, cuentan con mayor escolaridad, están empoderadas e informadas; los otros dos grupos son mayoritarios y comienzan su maternidad a edad más temprana.
Hoy que el Ejecutivo presenta la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo de Adolescentes, es clave identificar cada uno de estos grupos sociales, si de veras se quiere incidir en la reducción de embarazos a edad temprana.
Yo llamo madres por inercia a quienes sin haber pasado por un proceso reflexivo aceptan la maternidad como por inercia. Así como hay inercia física hay también inercia social, la cual es muy particular frente al fenómeno de la reproducción. Mientras que los cuerpos se resisten a cambiar su estado de reposo o de movimiento sin la intervención de alguna fuerza externa, los sistemas familiares reproducen pautas ancestrales de reproducción múltiple y de maternidad temprana que se resisten al cambio. Se trata de mujeres cuyo proceso de vida se somete a las expectativas que les impone el medio social en que crecen; romper esa inercia exige al Estado abrir caminos alternativos y mejores oportunidades a las adolescentes. Tiene lógica: muchas jóvenes no encuentran motivación para retrasar el primer hijo ni la formación de una familia, en especial quienes no tienen acceso a la educación ni al empleo.
De ahí que la tasa de embarazo adolescente esté estancada, y que ocurra primordialmente en los hogares más pobres, entre las mujeres con menor escolaridad y sin acceso al trabajo remunerado, en áreas rurales y zonas geográficas de alta marginación: cuando mejoren las condiciones económicas de las familias y se amplíe el acceso de masas juveniles a niveles superiores de escolaridad, se retrasará significativamente la edad a la primera unión y a la maternidad.
Pero, en el mediano plazo, la educación sexual puede retrasar la edad del primer embarazo en ciertos grupos de población, en adolescentes que no desean ser madres porque tienen mejores opciones para vivir su segunda década de vida. Chicas que están en secundaria o preparatoria, que viven en una zona cercana a planteles educativos o de formación técnica de mayor nivel. Un estudio publicado por C. Menkes y L. Suárez con adolescentes sexualmente activas encontró que 23 por ciento de quienes pertenecen a un estrato social muy bajo y 20.5 de las del estrato bajo enfrentaron embarazos no deseados, en tanto que esto ocurre en 13 por ciento de quienes pertenecen al estrato alto. Frente a un embarazo no deseado las adolescentes de todos los grupos sociales optan principalmente por tener un hijo y hacerse madres, madres involuntarias, porque menos de 3 por ciento interrumpe su embarazo. De estos tres grupos sociales, parece increíble que 29.7, 36.9 y 7 por ciento, respectivamente, sí deseaban embarazarse, la mayoría de ellas ya estando unidas o casadas (Menkes, Catherine, y Suárez, Leticia, 2013, El embarazo de los adolescentes en México: ¿es deseado?, México: Coyuntura Demográfica No 4, pp. 21-26). En el caso de las menores de 14 años, o fueron víctimas de violación o de matrimonios arreglados: esto último ocurre sobre todo en comunidades indígenas. Desde mi punto de vista, tanto las adolescentes que no deseaban tener un hijo, como las que lo deseaban, se hicieron madres por inercia. Su maternidad no fue producto de un proceso reflexivo ni planeado, pero aquellas que tienen expectativas personales y un claro deseo de no embarazarse representan un potencial de acción donde la educación integral de la sexualidad puede hacer la diferencia: actuar para evitarlo o postergarlo.
A mí me da gusto que, como parte de una estrategia nacional, la Secretaría de Educación Pública esté planteando realizar un programa de Educación Integral de la Sexualidad basado en evidencia científica, y tal como dice el tercero constitucional dicha educacion será laica, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. La estrategia presentada por la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género toma en cuenta las desigualdades sociales y la perspectiva de género, parte del reconocimiento de que el embarazo no solamente se vincula a la falta de información, que se necesita disminuir la deserción o abandono escolar y sostener la asistencia a la escuela de niñas, niños y adolescentes, incluyendo también a aquellas que ya son madres; plantea que es necesario eliminar todas las formas de discriminación de género, de violencia en el noviazgo, abuso y trata. así como concientizar sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, los métodos de prevención del embarazo y el VIH/sida. Buscará articularse con los servicios de salud sexual y reproductiva, actualizar la educación sexual en el currículo, y reforzar la capacitación de personal docente. Quiero suponer que también informará a las niñas y adolescentes violadas sobre su derecho a interrumpir el embarazo, tal como lo contemplan todos los códigos penales del país.
Enhorabuena. Hace 20 años que el Estado no mostraba voluntad política para apoyar la educación integral de la sexualidad de adolescentes y jóvenes, una estrategia que puede contribuir al ejercicio de los derechos humanos, estos que son prerrogativas que han sido sistemáticamente violentadas en los últimos tiempos.
Juguetes para matar
9 de enero 2015. ue los niños pidan juguetes bélicos a los Reyes Magos es grave, pero más grave es que se los traigan. ¿Acaso los Reyes Magos tienen alianza con los fabricantes de armas, o con el crimen organizado?
Leía en estos días que en el tianguis del jardín Marcos H. Pulido, La Purísima, en La Piedad, Michoacán, estuvieron ofreciéndose pistolas tipo escuadra y revólver, ametralladoras y hasta cuernos de chivo de plástico para la noche de Reyes. Se han vendido bastantes ametralladoras, porque a los papás se les hacen muy bonitas, están casi idénticas a las originales, reveló la señora Angélica Gómez, comerciante de ese tianguis. Las jugueterías están llenas de réplicas de armas: rifles, tanques de guerra, granadas, pistolas, espadas, lanzas, así como videojuegos violentos para niños y niñas. Un estudio realizado por el Consejo Estatal de Población (Coespo) encontró que en regiones como Tierra Caliente y el Bajío michoacano, un número importante de niños al ser interrogados acerca de lo que quieren ser de grandes, respondieron “ser narco” ( La Voz de Michoacán, 5/1/15).
No hay evidencia directa de que promover el juguete bélico es una forma de promover el consumo de armas o las actitudes bélicas, sin embargo algunas investigaciones señalan que la violencia y el género siguen teniendo un papel importante en la cultura infantil. La profesora Judith E. Blakemore, de Indiana University-Purdue University en Fort Wayne, encontró que en general los juguetes más asociados a los niños eran los relacionados con peleas y agresiones: luchadores, soldados, armas; en tanto que los más asociados con las niñas se referían a la apariencia: muñecas Barbie con accesorios, modas, maquillajes, joyas. Los juguetes de niñas se asocian con el atractivo físico, la crianza y las habilidades domésticas, mientras que los juguetes de niños son violentos, competitivos, excitantes y peligrosos. Los juguetes más didácticos, con retos cognitivos y artísticos, suelen categorizarse como neutros, o moderadamente masculinos. Un interesante artículo de Elizabeth Sweet publicado en la Sunday Review de The New York Times explica que a principios del siglo XX el género no marcaba con tanta distinción los juguetes, y que fue la Segunda Guerra Mundial la que influyó en estas marcadas diferencias.
Son diversos los factores que desde entonces determinan la tendencia por sostener figuras violentas y marcadas diferencias por género en los juguetes, al grado que hoy se identifica claramente la zona rosa de los juguetes femeninos en las jugueterías. La segmentación del mercado permite vender diferentes versiones de lo mismo y la nostalgia de los padres determina también que regalen a sus hijos los mismos juguetes que ellos tuvieron, pero sobre todo porque la cultura homofóbica propicia el evitar que los niños transgredan hacia la zona rosa de la juguetería. Aunque ella se refiere a Estados Unidos, es un hecho que el mercado estadunidense marca también las tendencias del juguete en nuestro país: de un total cercano a los 2 millones de dólares que se mueven en estas fechas, prácticamente 60 por ciento de los productos son importados, de los cuales dos trasnacionales (Mattel y Hasbro) se llevan la mayor ganancia, principalmente con la Barbie, la reina cincuentona, o con los poderosos Max Still y los Hot Wheels.
Otro estudio de la profesora en pedagogía Becky Francis, de la Universidad de Roehampton, en Reino Unido, encontró que los juguetes impactan en las actitudes y en la elección de carrera: Diferentes tipos de juguetes transmiten a chicas y chicos mensajes sobre lo que es apropiado hacer y tienen contenido educativo diferente. Ambos elementos son importantes y pueden tener influencia en las posteriores elecciones profesionales. Los niños tendían a recibir más juguetes en los que hay acción, construcción o maquinaria, mientras las mujeres eran impulsadas hacia las muñecas y lo que se supone que son intereses femeninos, como la peluquería. El mensaje de fondo pareció ser que los niños debían resolver problemas mientras las niñas se dedicaban a los cuidados y la crianza. También, los juguetes para chicos que marca el estereotipo solían ser más educativos, asegura la especialista. Una investigación de la cadena de tiendas Argos encontró que a más de 60 por ciento de los adultos en trabajos con contenido de diseño, como arquitectura e ingeniería, les gustaba jugar con bloques de construcción de pequeños. Incluso más, 66 por ciento de quienes trabajan en roles relacionados con matemáticas –como contadores y banqueros–, preferían los rompecabezas.
Las ideas sobre violencia y género que prevalecen en los juguetes reflejan la poco que cambian nuestras ideas, la violencia que caracteriza nuestro actual entorno y la falta de interés de nuestra sociedad por cambiar las cosas.
Catolicismo a la mexicana
25 diciembre 2014. Más de tres siglos de ocupación española determinaron la adscripción religiosa mayoritaria de las y los mexicanos, y es a partir de los años 40 cuando se registra una disminución de católicos en el país, principalmente porque muchos pasan a ser evangélicos y protestantes hasta alcanzar 8 por ciento en la actualidad, así como por el crecimiento de la población sin religión, la cual pasó en 10 años de 3.5 a 4.6 por ciento; el 5 por ciento restante está configurado por judíos, mormones, islámicos, budistas y miembros de la iglesia ortodoxa. Cada día es más claro que esa gran masa de 83 por ciento de católicos mexicanos muestra un sincretismo que combina ritos occidentales con prácticas animistas enraizadas en las culturas originarias, además de una diversidad de formas de vivir el catolicismo. Entre los ritos de mayor permanencia está el del matrimonio religioso, al cual recurre la mitad de las parejas unidas o casadas, en tanto que la unión libre y el divorcio se han doblado como prácticas en la última década (Panorama de las religiones en México, Inegi, 2010).
Según la Encuesta Nacional de Opinión Católica 2014, presentada recientemente por la organización Católicas por el Derecho a Decidir, AC ni siquiera la idea de Dios es común a toda la feligresía. Para más de la mitad de encuestados/as la idea de Dios se parece más a la de alguien que perdona (señalada más por adultos mayores) mientras para 38 por ciento se parece más a la de alguien que protege.
Se trata de una imagen que está mucho más cercana a la del Jesucristo redentor, muy pocos tienen ideas más cercanas al Dios creador que describen los textos del antiguo testamento: 5 por ciento lo identifica como alguien que pone reglas y 3 por ciento como alguien que castiga y premia.
La secularización de la sociedad o la menor fuerza que la población mexicana otorga a la religión en su vida cotidiana se confirma cuando 84 por ciento se considera algo católico o poco católico y solamente 14 por ciento se asume como muy católico/a: a esta última categoría se adscribe solamente 6 por ciento de las y los chilangos, territorio cosmopolita en todo el sentido cultural de la palabra.
La tercera parte de católicos/as acude a misa una o más veces por semana, como obliga la norma, se trata de una práctica que se da especialmente entre quienes viven en el Occidente del país (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro), en tanto que 35 por ciento sólo concurre a misa en ocasiones especiales, y así lo hace más de la mitad de quienes viven en el Distrito Federal. El 64 por ciento de las mujeres católicas reza frecuentemente, y de tal manera lo hace 51 por ciento de los hombres.
Entre los datos más interesantes que se dieron a conocer, muy relevante parece la pregunta relativa al valor católico que consideran más importante: el amor (34 por ciento), el respeto (32 por ciento) y el perdón (17 por ciento) fueron los valores más señalados. Nuevamente se señalan valores que concuerdan con la imagen del Cristo salvador descrito en los evangelios. Pero es de llamar la atención, el bajo lugar que ocupa el valor de la libertad, el de la obediencia y el de la justicia, los cuales fueron señalados como el más importante por 4 por ciento de la feligresía.
Considerando que tanto la libertad como la obediencia y la justicia son valores fundacionales de la democracia, habría que preguntarse: ¿por qué no ocupan el más alto nivel estos valores entre la población católica de México? ¿Cómo fortalecer la democracia y el poder ciudadano de una población que no le da importancia a la libertad ni a la justicia? ¿Qué relación tienen estos valores con la impunidad y la corrupción? ¿Con qué otros factores culturales se vinculan esas valoraciones?.
Cuestiones cuya complejidad no tendría por qué ser razón para evadirlas. Múltiples contradicciones caracterizan la forma católica de vida a la mexicana, donde el valor del amor es paralelo a muy altos grados de violencia dentro y fuera de la familia. Donde ministros religiosos defienden a migrantes y a víctimas de la violencia, en tanto que los propios narcos y criminales dieron la bienvenida al Papa, rezan a San Judas o a su propio santo, San Malverde, y ofrecen tregua durante la Navidad y el Año Nuevo.
Hacer un gran río del mundo
Recientemente se ha puesto en evidencia la grave situación en que se encuentran las y los jóvenes del mundo; particularmente en México están llenando las calles para protestar por las condiciones de exclusión e injusticia que se han puesto al desnudo ante el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, los ejecutados de Tlatlaya, los 11 jóvenes criminalizados por protestar y lo que se acumule en la semana. Desafortunadamente, la exclusión no comienza en la etapa juvenil, también las niñas, los niños y los adolescentes son blanco de la exclusión y del maltrato.
En días pasados, en el contexto del 25 aniversario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), la organización Fondo Unido México, que está enfocada en el desarrollo y la protección a la niñez por medio de la transformación de comunidades, presentó los resultados de una encuesta para darle voz a 6 mil 40 niñas y niños que tienen entre 10 y 12 años, pertenecientes a 40 países, incluyendo México. La acción es parte de la búsqueda de mecanismos para que esas voces se tomen en cuenta en la Agenda Post 2015 y para que queden enunciadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el instrumento privilegiado para diseñar la agenda internacional.
Es evidente y alarmante que las personas menores sufren de las peores formas de violencia y explotación, expresó en rueda de prensa Sonia Bozzi, directora del Fondo Unido. El estudio revela que un tercio de las y los encuestados (32 por ciento) consideran que no se cumple la protección de sus derechos y una quinta parte opina que en su país, nunca o casi nunca están protegidos del abuso físico o sicológico. Las condiciones económicas aparecen como una variable determinante. Son contrastantes las diferencias entre niñas y niños de países con economías dependientes, respecto de las y los que pertenecen a países con fuertes economías. En el caso de los primeros, los derechos no respetados son principalmente el acceso a la educación y el tiempo para estudiar, respuesta señalada únicamente por 4 por ciento de quienes pertenece al segundo grupo. Una tercera parte de niñas y niños del primer grupo se sienten siempre protegidos ante el maltrato, situación registrada por más de la mitad de quienes viven en países con fuertes economías. En ambas modalidades de país, la falta de protección ante el abuso, la violencia y asesinatos fue señalada por 15 por ciento de niñas y niños del mundo, aunque en México esta cifra llegó a 19 por ciento. Hoy nuestro país está por encima del promedio de América Latina. Ante la pregunta ¿Qué tan frecuentemente es que ocurran abuso, violencia y asesinatos en tu país?, 49 por ciento de las niñas y niños mexicanos contestaron que ocurre a veces, cuando en el ámbito mundial esta respuesta la dió 43 por ciento, y en América Latina, 46.
A fin de detectar las percepciones hacia el futuro, impacta la más alta prioridad que asignarían a la educación y a las tecnologías, aunque con menor porcentaje en México. Ante la pregunta Si tú fueras el líder de tu país, ¿qué harías para mejorar las condiciones de vida de niños y niñas? 39 por ciento del ámbito global mencionó Mejorar la educación y el aprendizaje y proveer tecnologías; esta fue la respuesta para 43 por ciento de niñas y niños que viven en América Latina y de 23 por ciento de las y los mexicanos. Y como era de esperarse, Proveer seguridad ocupó un altísimo lugar entre nuestros pequeños compatriotas, lo cual fue señalado por 35 por ciento, frente a 24 de niñas y niños del mundo y 27 de América Latina. Por si faltara, la quinta parte de nuestros menores afirman no ser tratados con amor ni respeto y dijeron que experimentan discriminación. La libertad de expresión de niños y niñas no ha llegado a ser un derecho generalizado en el mundo, solamente 11 por ciento dice que en su país tienen el derecho de expresar su opinión, y que los adultos los toman siempre en cuenta. A este respecto se colocan a la vanguardia niñas y niños de Suecia, Francia y Corea, con 50, 49 y 46 por ciento, respectivamente, pero ser escuchados y tomados en cuenta lo reportó 22 por ciento de quienes viven en Estados Unidos y 15 por ciento de las y los mexicanos.
El estudio demuestra que las personas menores no han cobrado prioridad en las políticas de Estado, y que mucha gente no quiere a los niños ni a las niñas, incluyendo a los propios familiares, lo cual ocurre en mayor medida en países pobres. Tal vez ese dato se relacione con la cantidad de niños que nacen sin haber sido deseados. Jesús, un chico guatemalteco de 12 años entrevistado en ese estudio, expresó: Muchos niños y niñas han sido maltratados por sus padres. Los niños no deberían ser más abusados. Si yo fuera un líder, yo ayudaría a los niños abusados y les aconsejaría en su educación.
Urge dignificar a la niñez y a la juventud. A 100 años del nacimiento de José Revueltas, recordamos que a sus 14 años él fue apresado por colgar una bandera comunista en la Catedral Metropolitana. Hay un océano grande de tristeza/ Quisiera tener un corazón lleno de trigo/ y mi pobre corazón es muy pequeño/Hay que hacer un gran río del mundo/ juntar nuestros pulsos hasta formar un gran cielo/ Un cielo del que llovamos redivivos/ nuevos, virtuosamente limpios y dispuestos (José Revueltas, Canto irrevocable, Mérida, 1938).
Laicidad, para poder respirar
La impunidad es un lastre que se apoya en la corrupción y en el autoritarismo, y desafortunadamente se extiende a todos los ámbitos políticos, incluyendo al Estado laico. Nunca se sanciona a los funcionarios por nada, tampoco porque violentan el Estado laico. Pocas veces se comprende que cada vez que un funcionario vulnera la laicidad, discrimina y limita las libertades de la ciudadanía; se trata de una forma de amordazarnos e impedirnos respirar, una opresión sicológica que enclaustra el comportamiento y la construcción libre de ideas y creencias.
En México nos ufanamos de ser un Estado laico, porque a diferencia de otros países, la formación de nuestra nación tuvo como uno de sus cimientos la laicidad del Estado. Juárez comprendió que no era posible erigir un Estado garante de derechos sin disputar la hegemonía del poder político, económico y cultural a la Iglesia católica en que se apoyaba la Corona Española. No habría República Mexicana ni democracia sin la laicidad. En la Constitución de 1917 se estableció la supremacía del poder civil sobre los elementos religiosos en lo que toca a la vida pública y además se prohibió la participación de los miembros de agrupaciones religiosas en materia política. Luego fue Plutarco Elías Calles quien intentó llevar hasta sus últimas consecuencias la laicidad. Después de 1929 vino la etapa de la complicidad equívoca entre el Estado y la Iglesia, en la cual la secularización fue desapareciendo paulatinamente hasta llegar a finales del siglo, en que empezó a menguar la laicidad con las reuniones informales que sostuvieron algunos presidentes mexicanos con el titular del Vaticano, y después con las iniciativas constitucionales y legales que modificaron las relaciones entre el Estado y las iglesias. Al colmo han llegado recientemente algunos funcionarios al entregar la llave de sus ciudades a divinidades, al consagrar sus estados al Corazón de Jesús y de María, al condicionar servicios a cambio de confesiones de fe, al escribir o rechazar leyes con base en creencias religiosas o al imponer símbolos religiosos en espacios públicos. El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se ve constantemente amenazado por esa visión angosta y vertical que predominaba en estados confesionales.
Para señalar las obligaciones de los servidores públicos en cuanto a los postulados de la laicidad, y con el propósito de sancionar su vulneración, se ha presentado una reforma que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
La iniciativa es presentada por un grupo amplio de diputados de diversas fracciones parlamentarias, encabezados por Elena Tapia Fonllem y Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD, y María del Rocío García Olmedo, del grupo del PRI, además de una veintena de legisladores de PRD, PRI, MC, PT y PVEM, con la colaboración de académicos y la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir. Invito al lector a revisar la interesante revisión histórica que conforma la exposición de motivos de esta reforma.
Los postulados laicos que apoyan la reforma se desprenden de la Constitución: en el artículo 40, que define como laica a la República; en el primero, que garantiza la igualdad y no discriminación por motivos de religión; en el tercero, que desde hace 150 años establece la educación laica; en el 24, que regula la libertad de religión, de convicciones éticas y de conciencia, así como en el artículo 130, que señala la separación entre el Estado y las iglesias.
Mediante la actualización del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos se propone incluir las conductas que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales a los ataques al carácter laico de la República, o las violaciones sistemáticas o graves a la separación Estado-iglesias; a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión; al carácter laico de los actos, ceremonias, documentos o comunicaciones oficiales, o al carácter laico de la educación pública, de las leyes o reglamentos y de los programas públicos. Se consideran causa de responsabilidad política los actos que afecten la laicidad en el Estado, en la función pública, en los ordenamientos y en el marco de derechos y garantías. En la adición a dos fracciones del artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos se detalla la obligación de todo funcionario de abstenerse de realizar actos, promover acciones, difundir comunicaciones, utilizar símbolos, realizar expresiones, permitir el uso de instalaciones o recursos públicos, todo ello para fines religiosos. Asimismo, se sanciona condicionar servicios públicos o permitir educación religiosa en escuelas públicas. La aplicación de sanciones recae en los órganos internos de control, en las contralorías y en la Secretaría de la Función Pública.
Como señala el filósofo italiano Michelangelo Bovero, “hoy en el mundo la democracia se encuentra seriamente dañada, en las arquitecturas institucionales de los regímenes que seguimos llamándolos –por tercos– democráticos, y en los registros mentales de los ciudadanos que vivimos en ellos. Frente a una obra de arte dañada debemos restaurarla. Las virtudes laicas de rigor, duda, moderación, tolerancia y respeto a las ideas de otros hoy en día se practican y difunden menos que nunca. En la escena pública se propagan la superficialidad, la altivez arrogante, la vulgaridad, el insulto y el escarnio fascista”.
Vertical, la sociedad
Hace rato que no presenciaba una disputa en la Cámara de Diputados tan intensa e ideológica. Una polarización con densidad electromagnética. Desde la esquina derecha, ubicados en coordenadas que les dan identidad, diputados del PAN, del Partido Verde y conocidos cabildeadores pagados a tiempo completo por empresarios supernumerarios del Opus Dei, pugnaron por borrar los derechos sexuales y reproductivos del proyecto de ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Desde su esquina nos dirigían miradas condenatorias a las izquierdas ahí presentes, a diputadas, a feministas y líderes de ONG defensoras de los derechos de niños, niñas y adolescentes, gente que nos identificamos más bien con el opus night. Lo cual es un decir, porque ya todos vimos en el YouTube que a quienes realmente les gustan las chicas del table dance son precisamente a coordinadores de la fracción panista: a Luis Alberto Villarreal y Jorge Iván Villalobos no les sirvió esconder el fistol del PAN ni los crucifijos del cuello al pagar a las chicas de Puerto Vallarta para evitar el estatus de ex coordinadores. Con gestos inquisidores los señores del PAN dirigían ondas hacia el polo opuesto donde se ubicaban las presidentas de la Comisión de Género y de la Comisión de la Niñez, diputadas Malú Micher y Verónica Juárez Piña, entre otros legisladores que junto con ellas consideran que negarles titularidad, así como la misma dignidad y derechos a niñas, niños y adolescentes, es discriminarlos por su edad, como señala el primer artículo de nuestra Carta Magna.
En los pasillos de centro y derecha, el PRI evidenció que la laicidad del Estado está por borrarse de sus estatutos, pero su pacto con el PAN es eterno, como el matrimonio religioso hasta que la muerte los separe; y está visto que para ellos el table es un vicio menor. A Cuauhtémoc Gutiérrez le aprueban que estén en la nómina del partido las muchachas que ofrecen servicios sexuales, esos sí son derechos sexuales que reconocen, y más, que ejercen en las propias oficinas del PRI. El momento chusco fue cuando el priísta Héctor Gutiérrez de la Garza señaló que no se trataba de un debate entre liberales y conservadores: un ¡Jajajajajajaja! masivo invadió toda la sala. La risa, dijera Freud, es un acto defensivo automático que despeja la energía y esconde, en este caso, el dolor o displacer que de fondo provoca la negación de derechos infantiles. En especial los sexuales. Hace más de 100 años, en 1905, Sigmund Freud escandalizó al mundo al demostrar que la sexualidad no aparecía con la pubertad sino en la temprana infancia, una fuerza motriz que produce sensaciones placenteras y resignifica como erógenas ciertas zonas del cuerpo. La falta de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos es sobre todo desconocimiento de la sexualidad humana, de esa dimensión que existe desde el nacimiento y en todas las etapas de la vida.
La ignorancia del marco internacional y nacional de derechos humanos también se expuso en el debate. Los más expertos, defensores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), solicitaron esta semana al Congreso que incluyan en la ley el reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, así como la protección y garantía del derecho a la libertad de expresión y a la intimidad en medios de comunicación. La CDHDF reconoció el avance realizado por el Senado y las organizaciones civiles a la iniciativa preferente, pero valoró como desafortunada la eliminación del reconocimiento explícito de derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes; todavía falta el último paso, así que el Senado puede reinsertarlos. Argumentaron que son derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y en las Observaciones Generales 3 y 4 del Comité de los Derechos del Niño. Es preocupante que la violencia sexual, la trata, los embarazos adolescentes y la falta de acceso a servicios de salud constituyen una violencia estructural que impiden el goce y disfrute de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. La educación sexual no es un derecho de los padres, sino que es su obligación, tal como lo señala el artículo cuarto constitucional. Hay niñas y niños víctimas de abuso sexual por parte de familiares, en especial de padres y padrastros, el Estado debe proteger a menores y garantizar el derecho de los últimos a la integridad corporal y a decidir sobre su cuerpo. Por fortuna, proporcionar asesoría y orientación en salud sexual y reproductiva se mantuvo en el texto del artículo 50, lo cual implica el reconocimiento implícito de derechos sexuales, según el Plan de Acción de la Conferencia Internacional de Población: La salud reproductiva debe elevar los derechos de la persona, inclusive el de elegir libremente y de forma responsable la cantidad de hijos que la persona desea tener, el espacio entre uno y otro, y el derecho a tener una vida sexual satisfactoria y sin riesgos. Además quedó la educación sexual integral (CSE, por sus siglas en inglés) en el artículo 58, en el lenguaje acordado de la ONU se refiere a una educación sexual laica, con perspectiva de género y basada en derechos sexuales y reproductivos.
Lo que desnudó el debate es el autoritarismo de la sociedad mexicana, el miedo a reconocer que aunque sean menores, los adultos debemos respetar sus derechos, que el Estado debe garantizarlos y defender siempre el interés superior del menor. Más que polarizada, nuestra cultura es vertical; como una plomada perpendicular al horizonte, se impone la fuerza de arriba hacia abajo, y no a la inversa.
Tiemblo
17 octubre 2014. La vida laboral me ha llevado a recorrer algunas comunidades de Guerrero estas semanas. Al circular entre las calles y escuelas públicas en tierras rodeadas de miseria y de miedo penetran por la piel sensaciones pesadas y contrastantes. Sorprenden algunos personajes como Tomasa, la directora de una escuela secundaria en Temalacatzinco que atiende a más de 500 estudiantes. Ella agradece con creces nuestra presencia, porque “hasta acá arriba nunca sube nadie; hábleles también a los chicos de primer año –me pide–, estos chicos se están casando a los 13 años”. Esta vez llegó la secretaria de la Mujer de Guerrero, Rosario Herrera Asencio, quien inauguró los foros sobre género y derechos reproductivos, organizados por su propia iniciativa. En estas zonas abandonadas la presencia de policías comunitarias se valora como un logro y salvación local ante la ausencia de Estado. ¡Hay muchas agresiones y asesinatos!
Al bajar a Olinalá tuve la oportunidad de conocer a Saira Rodríguez Salgado, la hija de Nestora Salgado. Como se sabe, de regreso de su emigración a Estados Unidos, Nestora se fue ganando un lugar de liderazgo comunitario, al grado de decidir quedarse para participar en la organización de la Policía Comunitaria de Olinalá. Hace un año fue detenida después de encabezar la aprehensión del síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, sospechoso por dos asesinatos y robo de ganado. Lo arrestó en sus funciones de comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), porque los habitantes del pueblo la habían elegido para ocupar ese cargo en la organización que tiene reconocimiento legal y 19 años de historia en Guerrero. Pero como suele ocurrir en este país, la justicia se volteó contra la defensora y no contra el presunto delincuente. Al ser arrestado con su banda, el síndico la denunció por secuestro y delincuencia organizada; Nestora y otras 30 personas de su equipo fueron detenidas por 20 militares en 15 vehículos. Posteriormente, la Marina la trasladó a un penal de alta seguridad en Nayarit. Ya lleva un año ahí. Saira está dedicada a lograr su libertad. En el trato en el penal han violentado todos los derechos a su madre, según recientemente lo reportó Paula Mónaco en este diario (La Jornada, 20/9/14). La semana pasada Saira fue amenazada de muerte, le exigen dinero para evitar que algunos agentes de Olinalá sean asesinados, pero ella se mueve y ha denunciado la amenaza y el riesgo. Entiendo que ya cuenta con medidas cautelares. Afortunadamente no está sola construyendo la ruta de defensa, cuenta con apoyo en México, en Seattle y en organismos internacionales de derechos humanos, pero tiene todos los demás poderes en contra. Todo parece indicar que esa reclusión es parte de una estrategia para minar el esfuerzo organizativo de las policías comunitarias.
Pasé después por otras regiones, y me queda claro que el dinero del Estado no está donde debería estar. En una escuela secundaria de Tlapa de Comonfort la pobreza es dolorosa: llegan chicos desde un albergue cercano, donde los abandonaron los padres que migran o que no tienen para mantenerlos. No cuentan con familia ni con servicios de salud. Un chico se está quedando ciego, pero no hay quién lo ayude. Ahí sólo cuentan con el apoyo de los docentes de la escuela, maestras/os rurales ejemplares. El director me dijo que enviaron carta al secretario Chuayffet para que mejoren la infraestructura escolar, que es muy, muy precaria. Las escuelas de nivel medio superior están mejor; en Petatlán, en Chilapa, en Acapulco, cuentan con buenas instalaciones y salones de informática. A uno se le levanta la moral al ver directivos y docentes que andan consiguiendo recursos y que están entregados a sus estudiantes. De pronto me entero que Elena Poniatowska recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Guerrero. Me acerqué a la sede del Instituto Internacional de Estudios Avanzados para darle un abrazo. Ella fue a inaugurar la biblioteca que lleva su nombre, alto nivel académico al alcance de los acapulqueños/as. También da gusto.
En Ayutla de los Libres nos volvieron a hablar de la violencia. Las docentes tienen miedo de denunciar los casos de niñas violadas de la escuela porque son víctimas de delincuentes involucrados en el crimen organizado; otro caso es el de un chico que embarazó a una estudiante y como no respondió… lo desaparecieron. Nos cuentan que antes había muertos por aquí y por allá, pero con las policías comunitarias eso se está acabando; tal vez por eso están criminalizándolas, como a Nestora Salgado. Mi trabajo educativo en derechos sexuales para jóvenes rurales parece frívolo ante lo que está pasando. Tal vez el abrazo amoroso y erótico entre novios juveniles es un recurso de armonía en medio del caos, me consuelo, sí, pero tiemblo.
Tiemblo y de repente /Una sombra de la noche pavorosa /Me inunda el helado pensamiento /Voy cayendo en un precipicio cuyo horror no conozco /Ni a mí mismo me logro imaginar /Que sólo calculo cuando estoy en él. Esto es de Fernando Pessoa, poeta necesario hoy (El primer Fausto, FCE, México, 1984).
Ganaron las niñas, los niños y adolescentes
Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; se logró el reto de revisar en 30 días la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo. Esta vez hay que reconocer que los senadores hicieron bien su trabajo. Cambiaron más de 80 por ciento de la iniciativa original, corrigieron 104 de los 140 artículos de la Ley, se tomaron en cuenta las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil y los mandatos de convenios internacionales. Tal como señaló Alejandro Encinas al presentar el título segundo del proyecto de dictamen, se retoman las reformas de derechos humanos realizadas en 2011 a efecto de reconocer explícitamente a las personas menores de 18 años como titulares de derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en los términos que establece el artículo primero de nuestra Constitución. Se avanza hacia una legislación garantista que asume a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho y no como objetos que hay que proteger. Plantea una nueva estructura institucional que supera el enfoque de necesidades y facilita la garantía efectiva de las prerrogativas fundamentales de los niños y niñas bajo un enfoque integral, sustentable y progresivo. Se establecen normas para evitar la violencia y el acoso escolar y se precisa que la edad para contraer matrimonio es a partir de los 18 años. El DIF será un órgano desconcentrado adonde se canalizará a los menores migrantes, en vez de a las estaciones del INM y tendrán derecho a una visa. La voz discordante fue la del presidente de la Comisión para el Desarrollo de la Familia, José María Martínez, quien sostuvo en tribuna que se trata de una ley que promueve el aborto, al incorporar los derechos reproductivos de la familia.
Pero es un hecho que los derechos reproductivos ya están protegidos en el artículo 4º constitucional, y en el caso de las adolescentes cobra gran importancia el acceso a métodos de prevención de embarazos, así como el derecho al aborto de las niñas y adolescentes violadas, el cual está despenalizado en todos los códigos penales de México desde hace 80 años. Por eso es de destacar que la ley contempla el lenguaje acordado en las Naciones Unidas, la fracción octava del artículo 58 establece que la educación deberá promover la educación sexual integral, que contribuya al desarrollo de competencias que le permitan a niñas, niños y adolescentes, ejercer de manera informada y responsable sus derechos sexuales y reproductivos. El concepto de educación sexual integral implica una perspectiva de igualdad de género y de derechos sexuales y reproductivos a la cual México se comprometió en agosto del año pasado, al firmar el Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo.
La nueva ley coincide con el impulso a la prevención del embarazo temprano por parte de la actual administración, una estrategia coordinada por Inmujeres Nacional y el Conapo, que están retomando las instituciones de salud, de educación y de desarrollo social. El programa Oportunidades, recientemente bautizado como Prospera, es un programa asistencial necesario ante los niveles de pobreza crecientes, y en cuanto al embarazo adolescente su efecto no es directo. Una investigación encontró que es el mayor nivel de escolaridad el que se asocia con mayor uso de anticonceptivos y con menor número de embarazos tempranos, así como el acceso a servicios de salud. Se documenta un efecto positivo indirecto del programa, porque al ofrecer becas o transferencias condicionadas de dinero a las hijas e hijos que asisten a la escuela se lograron aumentar los niveles de educación y también retrasar la edad del primer embarazo: en la medida que aumentaron los niveles de educación del 1992 a 2009 el uso de anticonceptivos aumentó lenta pero sostenidamente, estar asistiendo a la escuela, más que cierto nivel de escolaridad, retrasa el embarazo. Y, contrariamente a quienes piensan que las becas Oportunidades o las transferencias condicionadas de dinero en efectivo a las familias grandes podrían fomentar el tener mayor número de hijos, el estudio no encuentra evidencia de mayor fecundidad entre las familias beneficiarias. El nivel de uso de anticonceptivos entre adolescentes sigue siendo bajo entre adolescentes nulíparas, porque los servicios de salud reproductiva, que muchas veces se ofrecen a través del programa Oportunidades o Prospera, se siguen enfocando en el momento del posparto y en mujeres que ya tienen hijos, y no en adolescentes con vida sexual activa. Esperemos que la nueva ley favorezca la ampliación de servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes (Blair G. Darney et al, Programa de transferencia condicionada de dinero y en efectivo Oportunidades: efectos en el embarazo y uso de anticonceptivos en mujeres jóvenes del medio rural en México, Perspectivas Internacionales en Salud Sexual y Reproductiva, número especial 2014, pp. 34-44).
En la nueva ley hizo falta un apartado más específico para las y los adolescentes, así como comprometer a los dueños de los medios con la difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero es un marco vigoroso para apoyar múltiples programas dirigidos a diferentes grupos de edad. Ahora lo importante será que los recursos se dirijan a garantizar su implementación, armonizar la ley reformando leyes locales, códigos civiles, penales, las leyes de educación, de salud y del trabajo a fin de concretar su transversalidad.
Uno, dos, tres por niñas, niños y adolescentes
El tema de niñas, niños y adolescentes está cobrando presencia en el discurso del Ejecutivo federal. Valoro como un signo positivo este interés, pero es necesario analizar cómo se está planteando. Enrique Peña Nieto presentó como iniciativa preferente la ley general para la protección de niñas, niños y adolescentes. El trámite implica que la iniciativa sea discutida y enriquecida por la Cámara de Senadores en los primeros 30 días del actual periodo ordinario. El factor prisa no es para celebrar; el tema exige volver a diseñar la arquitectura institucional y abrir una discusión amplia y en profundidad, que no se ha dado.
Representantes de agencias de cooperación internacional se han pronunciado por superar la orientación tutelar y asistencialista que caracteriza la iniciativa presidencial y hacer una revisión integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque la propuesta no contempla un enfoque garantista ni una perspectiva de género. No queda claro que es el Estado el que está obligado a garantizar los derechos humanos de las personas menores, hay disposiciones que tienden a desplazar esa obligación en los padres de familia.
Organizaciones de la sociedad civil solicitan una puntualización de las competencias institucionales. Nashieli Ramírez, directora de Ririki Intervención Social, considera que es necesario construir todo un sistema diferente. La propuesta de un sistema nacional de protección de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes exige mucho más que fortalecer el DIF: si se va a asumir como prioridad a este grupo de edad hay que asignarle el presupuesto necesario para su eficiente funcionamiento, y más. El nuevo sistema tendría que colocarse en alta jerarquía, ser ecnabezado por el presidente de la República, gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y presidentes municipales, integrar los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión. Deben volver a definirse las facultades y competencias institucionales a fin de lograr la concurrencia de acciones y la transversalidad de las políticas.
Desde la denominación de la ley, tendría que titularse: ley general de protección de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, porque las personas menores además de necesitar protección deben ser reconocidas como sujetos de derecho. Se contempla el derecho a vivir en familia, así en singular y sin definir, sin tomar en cuenta la diversidad de estructuras familiares en que viven niñas y niños mexicanos, que es el espacio primordial para su desarrollo.
En una evaluación del Índice de medición de calidad de las leyes realizada por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) la iniciativa alcanzó tres de 10 puntos, entre otras cosas –explica Juan Martín Pérez– porque no garantiza mecanismos de participación ciudadana para niñas, niños y adolescentes.
Tal como señala la Convención de los Derechos de la Niñez, la propuesta reconoce su derecho a expresar libremente las opiniones, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo; además incluye la libertad de pensamiento, conciencia y religión (actual artículo 24 constitucional); pero al hablar del derecho de los padres a guiarlos en conformidad con sus creencias religiosas y sus tradiciones, desconoce a niñas, niños y adolescentes como tutelares del derecho a la libertad de conciencia y de religión. Sorprende además, y muy especialmente, que no contempla el derecho a la educación laica, que es un derecho infantil y juvenil. Desde tiempos remotos el artículo tercero constitucional señala: La educación se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa, se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos... Este derecho da marco a la educación de la sexualidad, la cual está incluida brevemente como derecho de adolescentes en el apartado octavo de protección de la salud, pero se queda corto y hasta es discriminatorio para los más pequeños. Hay que incluir el derecho de niños y niñas a la educación sexual –y no sólo de adolescentes–; a estas alturas eso sería una regresión de 40 años. Cuando en 1974 nació el Consejo Nacional de Población, se incluyeron contenidos de sexualidad en los libros de texto de nivel primaria y secundaria. Hoy el lenguaje acordado en Naciones Unidas es el de educación integral de la sexualidad (EIS), que contempla la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos.
Aisladamente se habla de la prevención del embarazo temprano en la actual iniciativa; sin embargo, si este problema va a ser prioritario –como anunció recientemente la nueva administración–, esta ley debe garantizar la educación integral de la sexualidad desde los primeros años de la educación básica y hacerles accesibles los servicios de salud sexual y reproductiva, y debe comprometer a los dueños de los medios de comunicación masiva para que difundan los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, incluyendo el derecho a la información en sexualidad. Sabemos que hay embarazos tempranos que son producto de la violación, en muchas ocasiones cometida por padres, por familiares de la víctima, por docentes y ministros eclesiales; ocurren también matrimonios arreglados sin el consentimiento de las adolescentes. Importa que la iniciativa considere la progresividad del derecho en las diferentes etapas del desarrollo y dedicar un apartado especial a las necesidades específicas de las y los adolescentes. Garantizar que niñas, niños y adolescentes ejerzan sus derechos y que se elimine el maltrato y el abandono de familiares y de instituciones públicas y privadas es el gran reto al que tendría que responder la nueva ley.
Afrodescendientes en México
5 septiembre 2014. Muchos ignoramos la contribución de mujeres y hombres africanos y afrodescendientes a la construcción de México. Sorprendió mucho que en Estados Unidos se eligiera al frente del Poder Ejecutivo a un afrodescendiente; y sin embargo, poco se reconoce que el segundo presidente de nuestro país, Vicente Guerrero, tenía ascendencia africana, y tampoco se habla de esa misma condición de su mentor y célebre libertador: José María Morelos.
La publicación reciente de María Elisa Velázquez y Gabriela Iturralde es una verdadera lección sobre la historia de silencio y discriminación hacia afrodescendientes o afromexicanos (Afrodescendientes en México, Conaculta/INAH, 2012). La mayoría de esos grupos arribaron de manera forzada, fundamentalmente durante el periodo virreinal, y otros inmigraron en los siglos XIX y XX. Se trata de poblaciones que han sido ignoradas, menospreciadas y excluidas. El comercio de personas esclavizadas provenientes de África como mano de obra fue clave para la extracción minera y para las haciendas ganaderas y azucareras, después de la caída demográfica de cerca de 90 por ciento de la población indígena, por la guerra de conquista y las enfermedades. Gonzalo Aguirre Beltrán fue el primero en demostrar que en los siglos XVI y XVII esa población fue el segundo grupo más importante en la Nueva España, en términos sociales, económicos y culturales.
El libro nos entera también de que, además de ser cura de Cuarácuaro, quien abolió la esclavitud y promulgó la igualdad de todos fue el afromexicano José María Morelos. Cuando había 6 millones de población mayoritariamente indígena, otros grupos procedían de uniones entre personas indígenas, españolas, africanas y asiáticas. La población de origen africano tomó distintas posiciones con respecto al estallido insurgente de 1810. Milicias de mulatos y pardos defendieron el puerto de Veracruz frente a las tropas realistas; en contraste, en lugares donde la esclavitud estaba vigente, como ocurría en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, los afrodescendientes se vincularon más con los ejércitos realistas. Pero el apoyo más documentado de grupos negros y mulatos a la causa independentista fue el de las tropas de José María Morelos, quien arrancó el movimiento en la Tierra Caliente del Pacífico y más tarde dio a conocer su proyecto político Sentimientos de la nación. Cuando Morelos cayó prisionero de las fuerzas realistas, fue víctima de torturas brutales de la Inquisición y se le declaró hereje, profanador de los sacramentos y traidor a Dios, al rey y al papa. En lo que pareciera un sarcasmo contra sus rasgos físicos y color de piel, la junta conciliar estipuló que en el remoto caso de que no se le condenara a muerte, debía ser deportado a África.
El otro líder del movimiento insurgente y descendiente de africanos es Vicente Guerrero, el que sostuvo la lucha en años muy críticos, hasta que pactó con Iturbide la consumación de la Independencia. En este mes patrio recordamos su entrada triunfal con el Ejército Trigarante a la Plaza Mayor, el 27 de septiembre de 1821. En la plaza que antes fue el recinto ceremonial de la Gran Tenochtitlan, cuando todavía estaba la Piedra del Sol recargada en la torre poniente de la Catedral, al lado de lo que fue el Palacio de Atzayácatl, lugar que eligió Hernán Cortés para alojarse con su gente durante la conquista, en esa misma plaza que es frontera simbólica de transformaciones históricas y que muy desafortunadamente la actual clase gobernante prefiere utilizar como estacionamiento.
Durante los siglos XIX y XX la negación y el silencio sobre la importante participación de las personas africanas y afrodescendientes estuvieron vinculados al desarrollo de ideas racistas y a la glorificación del mestizaje, enaltecido como resultado de la unión de indios y españoles. Al contrario de los postulados del racismo europeo, se consideró que en el mestizo estaba la fórmula que debía promoverse para forjar la unidad demográfica y cultural de la nación. En la creación de esta ideología se omite la evidencia histórica y contribución de las personas africanas y afrodescendientes en la composición demográfica y conformación del país. Se argumentaba que cualquier otro grupo humano distinto al europeo era inferior, que sus características físicas indicaban menores capacidades intelectuales y de adaptación al progreso. Las personas con fenotipo negro se consideraban una raza indeseable, portadora de vicios e incapaz de adaptarse al progreso.
Trabajadores caribeños de color arribaron a Yucatán y a Coahuila en siglos posteriores, aunque actualmente son más visibles las personas descendientes de africanos en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, así como en los puertos de Acapulco y Veracruz. Su presencia ha sido importante en la ciudad de México, Puebla y Morelia, y seguramente muchas personas de Morelos, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Yucatán y Jalisco ignoran que sus ancestros provenían del continente africano. Parte de nuestra riqueza cultural, de nuestra comida, estética, música y danza tiene influencia africana; sus saberes en medicina, agricultura y arquitectura están en la raíz de diversas tradiciones mexicanas. Tienen influencia de ese continente que está del otro lado del Atlántico y que no nos es ajeno.
Machismo enel Congreso
22 de agosto 2014. Recientemente líderes del PRI, así como funcionarios y diputados del PAN, han dado muestras de su consideración hacia las mujeres, ya sea en las oficinas del partido, en el Mundial de Brasil o en los antros de Puerto Vallarta: ellas sólo son mercancías que se rentan y rolan entre cuates, cuerpos para tocar, bailar y disfrutar; otras son las esposas, las señoras con las que se casan para que estén en la casa, cuidando de los hijos. Dicen que es una doble moral; para mí, se trata de una moral conservadora muy consistente, entre los defensores de los valores familiares unas son putas y otras son madres.
En unas semanas una mujer les romperá los esquemas: a Aleida Alavez, la actual vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, le corresponderá presidirla a partir del próximo primero de septiembre. Hay quienes no quieren ver ni a la izquierda ni a una mujer en esa posición, y menos a quien no iba con el pacto, pero la Ley Orgánica y los acuerdos políticos son claros: corresponde a la tercera fuerza presidir el Congreso en el tercer año del ejercicio legislativo. Hay además un acuerdo en el interior del PRD: quien fuera vicepresidenta de la mesa directiva después la encabezaría. Esperamos que la desigualdad de género no confunda a los señores de la izquierda, está por verse si cabildearán para apoyar a su compañera, porque el paso no es automático; el resto de las fuerzas políticas representadas en el Congreso serán definitorias para alcanzar una votación de mayoría calificada.
Aleida Alavez Ruiz ha trabajado más de 18 años en la delegación Iztapalapa, de la cual es originaria, ha participado en comités y como subdelegada del partido, también ha sido asambleísta y diputada federal. Ella tiene toda una trayectoria para representar a los diputados ante los poderes Ejecutivo y Judicial, y para mantener la interlocución institucional con la Presidencia de la República. Es una mujer austera que, sin éxito, entre muchas otras vindicaciones, ha impulsado la reducción de 30 por ciento al salario de los legisladores; esperamos que lo logre pronto y que avance con la eliminación de otras canonjías que son ofensivas para la ciudadanía.
Desde mediados del siglo pasado la mayoría de los países del mundo han reconocido el derecho de las mujeres al voto y el impulso de sus derechos políticos. Actualmente 21.8 por ciento de los puestos parlamentarios del mundo están ocupados por mujeres; en los países nórdicos la participación es de 42.1 por ciento, en las Américas de 25.2, en Europa de 23.3, en África subsahariana de 22.5, en Asia de 18.4, pero en el Pacífico, en Medio Oriente y en África del norte es de 16 por ciento. Ruanda tiene la mayor proporción de mujeres en su Parlamento, con 63.8 por ciento, pero en 38 países del globo las mujeres no alcanzan el 10 por ciento de representación.
La participación de las mujeres mexicanas en los puestos públicos no es excepcional; con cuotas de género obligatorias a los partidos se ha logrado la actual representación femenina: 37 por ciento en la Cámara de Diputados y 32.8 en el Senado. Gracias a la reformar del Cofipe de este año, en las próximas elecciones tendrá que haber paridad (50 por ciento) en la configuración de las listas electorales. En el Poder Ejecutivo hay mayor desigualdad, sólo 12 por ciento de las secretarías de Estado estan encabezadas por mujeres, en las subsecretarías ocupan 16.6 por ciento. En el Poder Judicial, las altas posiciones femeninas andan entre 17 y 22 por ciento. Actualmente cero por ciento de los partidos están presididos por una mujer. El panorama en los estados es muy desalentador: aunque la tendencia a la participación de mujeres aumenta, sólo 7 por ciento de las presidencias municipales están ocupadas por mujeres. En los congresos locales la participación femenina es de 31.2 por ciento, y 26 por ciento presiden comisiones ordinarias.
Un grupo amplio de líderes y organizaciones feministas estamos observando el proceso de selección de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Porque los escándalos recientes nos muestran que todavía hoy hay quienes piensan como Arturo Schopenhauer, el célebre filósofo decimonónico: “Sólo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos de la inteligencia ni a los grandes trabajos materiales (…) Paga su deuda a la vida no con la acción, sino con el sufrimiento: los dolores del parto, los inquietos cuidados de la infancia, ella tiene que obedecer al hombre y ser una compañera paciente que le serene. Lo que distingue al hombre del animal es la razón. Confinado en el presente se vuelve hacia el pasado y sueña con el porvenir, de ahí su prudencia, sus preocupaciones, sus frecuentes aprensiones. La débil razón de la mujer no participa de esas ventajas ni de esos inconvenientes. Padece miopía intelectual, que por una especie de intuición le permite ver de un modo penetrante las cosas próximas, pero su horizonte es muy pequeño y se le escapan las cosas remotas” ( El amor, las mujeres y la muerte, Editores Mexicanos, 1945).
Las batallas de la educación sexual
Agosto 8 2014. Aveces necesitamos ir a los orígenes para entender el presente; en el campo de la política sexual, sorprenden las controversias que siempre ha generado el tema, así como encontrar tensiones semejantes, discursos desgastados y pugnas recurrentes.
Hace 80 años, Narciso Bassols, secretario de Educación Pública de México, presentó un proyecto de educación sexual muy visionario, 20 años antes de que la educación sexual fuera obligatoria en Suecia, país pionero en el mundo. El proyecto se basaba en un estudio sobre conducta sexual presentado por la Sociedad Eugenésica: se analizaba la alta frecuencia de embarazos y de enfermedades de transmisión sexual entre jóvenes, y la necesidad de informarles oportunamente al respecto. También retomaba los hallazgos de Sigmund Freud: su publicación Tres ensayos sobre una teoría sexual explicaba que la libido infantil comenzaba desde la más tierna edad y valoraba a la niñez como la etapa mas importante del desarrollo sicológico del ser humano.
Nacido en el mismo estado del actual secretario de Educación, Narciso Bassols era un partidario acérrimo del laicismo. Durante el maximato de Plutarco Elías Calles dirigió la SEP, más tarde fue secretario de Hacienda con el general Cárdenas y defensor de la expropiación petrolera. Él trató de llevar la educación y la cultura al pueblo desde todos los cargos que ocupó, formó maestros comprometidos con los ideales de la Revolución e integró médicos, artistas, obreros y agricultores en las misiones culturales. Fue el impulsor de la enseñanza técnica vinculada a la industrialización, antecedente directo del Instituto Politécnico Nacional.
En 1934 Bassols planteó que se estudiara la posibilidad de implantar una educación científica sobre cuestiones sexuales desde el tercer año de primaria y hasta la secundaria, así como preparar a los maestros. La polémica que despertó llegó a cubrir por un año las portadas de los principales diarios, culminó con su renuncia y la cancelación del proyecto. Conforme al excelente texto del historiador Alberto del Castillo Troncoso, atrás de ese conflicto están las pugnas entre la Iglesia católica y el Estado mexicano por la hegemonía política y cultural, cuyos momentos más críticos fueron la Guerra de Reforma a mediados del siglo XIX y la guerra cristera de los años 20. La educación laica fue parte del encuadre gubernamental para frenar el campo de acción del clero, instrumento revolucionario para impulsar un proyecto modernizador y lograr cohesión nacional desde el centro. La resistencia más fuerte venía de la visión católica tradicional profundamente arraigada entre las clases medias de la sociedad capitalina, y se sumaba un sentimiento de exclusión ante gobernantes que privilegiaban a los obreros y campesinos. La SEP enfrentaba además un conflicto con el sindicato de maestros por haber suprimido plazas y transferido a docentes; se intentaba disminuir el peso y la influencia política del sindicato y asumir un control más directo de las escuelas, lo cual llevó a los líderes sindicales a oponerse a la educación sexual y a colocarse del lado de los padres de familia y de las escuelas particulares. La propuesta del Partido Nacional Revolucionario por una educación de carácter socialista intensificó la discusión, polarizó y enturbió el debate específico sobre la educación sexual.
Los padres de familia propagaron rumores ante la falta de argumentos: insinuaban que el programa tenía fines inmorales, y que los médicos en las escuelas abusarían de los niños. La lucha por el control de las conciencias infantiles fue un elemento novedoso. Los obispos definían a los niños como seres asexuados cuya esencia radicaba en su inocencia, se veía la sexualidad como un elemento externo y corruptor, y la educación sexual como una medicina peligrosa que asesinaba su inocencia y exaltaba la imaginación; la familia debía tener la prerrogativa exclusiva para tocar cualquier tema de sexualidad, evitar contacto con las instituciones públicas y permanecer en estado de alerta ante la peligrosidad proveniente del exterior (La polémica en torno a la educación sexual en la ciudad de México durante la década de los años 30, Estudios SociológicosVIII: 52, 2000).
La educación sexual actual es progresista. Retomaré el tema en otras colaboraciones. Por ahora me remito a la queja que hicieran hace un mes los representantes de la Coparmex frente a la promoción de derechos sexuales y reproductivos en la iniciativa de ley de las y los jóvenes del DF. Increíble que se viva un conflicto magisterial semejante y que los conservadores de hoy reproduzcan el mismo tono: de promulgarse esa ley, niños y niñas quedarían en una situación de vulnerabilidad, deja la puerta abierta a la pederastia al autorizar relaciones sexuales desde los 12 años, amplía oportunidades de los tratantes de personas en la prostitución infantil, desconoce el derecho primigenio de los padres de familia a educar a sus hijos según su creencia y convicción.
Esperamos que Miguel Mancera reconozca que los derechos sexuales y reproductivos que promueve esa ley son expresión de la secularización que ha experimentado la sociedad capitalina. Entendemos también que el convenio de educación dual que acaba de firmar con la Coparmex Emilio Chuayffet no entrará en contradicción con el mandato que anunció hace unos días Miguel Ángel Osorio Chong, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Población, una Estrategia Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente, con perspectiva de género y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes.
Políticos de Dios
25 Junio 2014. Durante 500 años la Iglesia católica tuvo el monopolio de lo sagrado en nuestra región, pero la formación de nuevos partidos confesionales evangélicos está transformado el mapa político-religioso de América Latina. Desde mediados del siglo pasado la Iglesia católica dejó de ser la única interlocutora del Estado. Se destaca con vivacidad el caso de Brasil, que mantiene en el Congreso esa nutrida bancada evangélica de diputados que ha impedido avanzar los planeamientos progresistas en su legislación; en Perú fue Fujimori quien, al buscar el voto indio de la sierra, recurrió al apoyo de evangélicos y adventistas, desde su campaña. Entre los casos más paradigmáticos vale recordar cuando los evangélicos pentecostales lograron conseguir del Estado dictatorial de Chile la celebración de un tedeum el día del aniversario de la Independencia en 1974, tiempo en que Augusto Pinochet abrió la esperanza de convertir a los evangélicos en laIglesia oficial. Está también el gran apoyo que les ofreció el general Efraín Ríos Montt, convertido al pentecostalismo en 1977 en la iglesia El Verbo, de Guatemala, cuando gobernó el país de 1982 a 1983 por un golpe de Estado; él intentó crearse una base civil evangélica haciéndose percibir como el ungido de Dios.
De acuerdo con Jean-Pierre Bastian, los pentecostalismos han surgido de la cultura de la pobreza y cargan estructuras tradicionales de autoridad, reproducen el modelo patriarcal y patrimonial de la hacienda, convirtiendo al pastor en el patrón de una clientela religiosa. “Debido a la competencia religiosa creciente, las sociedades protestantes sepentecostalizaron en el contexto de la desaparición de lo que era una cultura política liberal, propia de los decenios de 1950 y 1960. Ellas rompieron con su origen liberal para adoptar un fundamentalismo similar al de las sociedades pentecostales, con el fin de reclutar miembros nuevos y crecer”. El nuevo bloque religioso afirmó un anticomunismo y el apoyo a los regímenes militares, de los cuales se disociaron algunas iglesias metodistas y luteranas (Los nuevos partidos políticos confesionales evangélicos y su relación con el Estado en América Latina, Estudios Sociológicos XVII: 49, 1999).
La irrupción de esos nuevos políticos confesionales nace en sociedades que presentan condiciones favorables para la elaboración de redes clientelares, pero se vienen a reforzar por iniciativas internacionales y exógenas; hoy pueden considerarse una rama latinoamericana de la Alianza Cristiana Internacional de Partidos y de Movimientos Evangélicos realizada en Washington DC en febrero de 1993.
En 1996 surgió en México el Frente de la Reforma Nacional –antecedente del Partido Encuentro Social (PES)–: organizado por la Confraternidad de Iglesias Evangélicas (Confraternice), propuso la formación de un partido evangélico con la meta de combatir al PRI masón, al PANcatólico y al PRD marxista. Desde el siglo XIX hay antecedentes: hubo líderes evangélicos del magisterio en tiempos revolucionarios, en 1936 el Instituto Lingüístico de Verano arrancó un plan de alfabetización en zonas indígenas a partir del estudio bíblico, y el pastor Rubén Jaramillo fue defensor del agrarismo en el estado de Morelos en los años 50.
Pero el reconocimiento institucional se abrió en 1992 con la reforma al artículo 130 constitucional. Pertenecen a la Iglesia de Roma casi la mitad de las 7 mil 976 asociaciones religiosas registradas, y se acusa un descenso en la feligresía católica: de 93 por ciento en 1980 al 82.7 actual. Hay 9.9 de otra religión y 4.7 por ciento sin religión alguna. El éxodo hacia grupos evangélicos se confirma porque se cuadruplicó su número: hoy representan 7.5 por ciento. Evangélicos y pentecostales tienen la misma oposición del Vaticano ante los derechos sexuales y reproductivos, con la cual compiten como mediadores ante el Estado. En 2007 Cofraternice promovió la acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas del DF que abrieron el derecho al aborto y al matrimonio homosexual.
Como asociación política, el PES participó en coalición electoral con el partido nacional Convergencia en 2003 y con el Partido Acción Nacional en 2006. Desde 2009 estableció alianza estratégica con el PRI, pero cuenta con operadores en todos los partidos. El Estado y los partidos están obligados a actuar en el marco del Estado laico y a definir con precisión el sentido que cobra actualmente esta obligación. Lo sustancial está en evitar la inculcación de principios religiosos en las plataformas partidistas y en las políticas públicas, así como darlas a conocer para ofrecer claridad al electorado.
Evitar actos políticos en los templos es una expresión material que señala la frontera simbólicas que divide la religión y la política. Confunde que López Obrador haya realizado esta semana un acto político en la parroquia de La Soledad, pero valoro que ahí se haya referido al Estado laico: El acto lo hicimos en el auditorio de la parroquia y recordé que un día como hoy, hace 142 años, falleció Benito Juárez, el mejor presidente en la historia de México, que por cierto, sin ser antirreligioso, fue el creador del Estado laico. Si Morena quiere diferenciarse de los partidos confesionales, hoy tendría que defender el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, que está por reconocerse en el estado de Guerrero.
“No se discute con un candidato al martirio –decía Cioran–; el fanatismo es la muerte de la conversación. El Espíritu Santo no es escéptico (enseña Lutero). No todo el mundo puede serlo, desgraciadamente.”
Numeralia: a 40 años del CONAPO
Numeralia a 40 años del Conapo
Gabriela Rodríguez
H
ace 40 años México cambió su política demográfica, de una pro natalista a una enfocada en disminuir la velocidad del crecimiento poblacional y reorientar la distribución territorial. Entonces se fundó el Consejo Nacional de Población (Conapo), con el encargo de regular la planeación demográfica del país por medio de un conjunto de secretarías e instituciones gubernamentales encabezadas por el secretario de Gobernación.
Vale la pena revisar la numeralia de estas cuatro décadas:
Lo más exitoso fue regular y estabilizar el crecimiento de la población: la tasa de crecimiento anual se redujo de 3.6 a 1.25 por ciento; las mujeres pasaron de tener en promedio seis hijos a 2.2; hoy somos 118.4 millones de mexicanos, más de 50 millones menos que si la tasa de nacimientos se hubiera mantenido.
La mortalidad materna (por embarazo, parto o aborto) pasó de 140 a 43.1 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos; gracias a la educación sexual, el embarazo adolescente se redujo a la mitad (de 120 a 63 madres por cada mil mujeres de 15 a 19 años), pero acusa un estancamiento en la última década; los abortos hospitalarios descendieron una tercera parte en dos décadas, luego pasaron a incrementarse de 1990 a 2006, lo cual se relaciona con el incremento de mujeres jóvenes y el estancamiento del acceso a los anticonceptivos.
La mortalidad infantil se redujo de 68 a 12 por cada mil nacimientos; la esperanza de vida pasó de 63 a 74.1 años, pero desde 2008 descendió, por el incremento de mortalidad de hombres jóvenes.
En cuanto a la distribución territorial, el escenario de la redistribución de la población es diferente al del siglo pasado, los cambios no se encaminaron hacia un mejor equilibrio:
Entre 1970 y 2000, la población en México se tornó más urbana y se duplicó, pasando de 48.2 millones a 97.5 millones. Persisten los desplazamientos masivos del campo a las ciudades y el éxodo de áreas de rezago económico y social, pero se han atenuado en el reciente siglo.
Las oleadas hacia regiones metropolitanas de antes han perdido atractivo en la actualidad. El flujo hacia áreas de baja densidad demográfica dejó de ser masivo y perdió el apoyo oficial que tuvo en el pasado. Hay una potencial depreciación de la migración interna, la estabilidad relativa cambiará y es posible que haya nuevos desplazamientos masivos relacionados con factores emergentes: cambio climático, conflictos sociales, violencia regional y desastres naturales.
La emigración internacional empezó a descender en el nuevo siglo y ha aumentado la tasa de retorno: el saldo neto migratorio es de 228 mil personas al año y se espera que continuará en descenso. La inmigración internacional muestra una presión de cerca de 200 mil indocumentados de Centroamérica y de más de 11 mil niños y jóvenes que atraviesan el territorio mexicano en condiciones cada vez más vulnerables.
La transición demográfica llevó al momento actual del mayor número histórico de jóvenes, y hacia el año 2035 se revertirá la tendencia hacia el envejecimiento. Hoy más que nunca hay que invertir en las oportunidades educativas y de empleo de la juventud, evitar que el 16 por ciento de los nacimientos ocurra en menores de 19 años, la mitad de los cuales han sido hijos no planeados. Hay que garantizar que se imparta educación sexual integral en las aulas y en los medios de comunicación, es necesario ampliar el acceso a anticonceptivos, mejorar la atención obstétrica, así como despenalizar el aborto por voluntad de la mujer en todo el territorio nacional. Más de la mitad de la población de la diversidad sexual es discriminada, el censo de 2010 registró por primera vez a 212 mil parejas del mismo sexo (50.3 por ciento gays y 49.7 lesbianas), que representan 9.6 por cada mil.
Asusta el aumento de la mortalidad de hombres jóvenes: por primera vez la mortalidad por homicidio superó la mortalidad por accidentes, a partir de 2008 y hasta 2010 pasó de 18 por 100 mil hombres, a 35.4 en jóvenes de 15 a 19, de 36.8 a 70.7 en jóvenes de 20 a 24 años, y de 44.6 a 87. 4 en los de 25 a 29 años. La tasa de suicidio subió a 9.7 defunciones por 100 mil en adolescentes de 15 a 24 años; la mortalidad por accidentes también aumentó, 12 por ciento de accidentes de tránsito ocurrieron bajo los efectos del alcohol. En 10 años el consumo de alcohol pasó de 33.6 por ciento a 44.3 en hombres y de 7.4 a 19.7 en mujeres. Los factores relacionados con el aumento de la mortalidad juvenil son la pobreza y las expectativas de vida reducidas, el consumo de drogas, la expansión de la disponibilidad de armas y de su acceso a ellas.
Reducir el crecimiento poblacional pierde prioridad y más bien tendría que centrarse en las desigualdades socioeconómicas y en los problemas emergentes. Pero preocupa que la movilización de las derechas impida impulsar las políticas de población que el país necesita. Vemos pastores religiosos que pretenden conformar un nuevo partido político, legisladores del PAN y del PRI que preparan iniciativas restrictivas a los derechos reproductivos, se forma una comisión discriminatoria en defensa de la familia y de la vida en el Senado, se corre a una maestra en Cuernavaca por ser lesbiana, empresarios ultras se espantan ante una ley del DF que garantice el ejercicio de los derechos humanos de jóvenes, surge grupo de jóvenes neonazis en Jalisco.
De escándalo
Muchísimas personas coincidimos en considerar de escándalo, la creación de la Comisión Ordinaria de la Familia y el Desarrollo Humano en el Senado. Esto es así, en especial, por las declaraciones de su presidente, el vicecoordinador panista José María Martínez y Martínez, quien proclamó que la misión de esta instancia legislativa sería cerrar la puerta ya a algunas entidades o algunos políticos que están pensando más en modas o en tendencias, o incluso, que nos llevan a pensar en la muerte. Más tarde afirmó que tenemos que trabajar en políticas que fortalezcan a la familia, a la mujer y también a nuestros jóvenes. No queremos el aborto. En entrevista televisiva explicó que las familias homosexuales no son una familia; que se unan las personas del mismo sexo no tendría inconveniente, pero en cuanto a la adopción hay que ver por los derechos del niño, en cuanto a su propia identidad de género. Y en relación al aborto, el senador señaló que indudablemente en caso voluntario atenta contra la vida. En apoyo a tales declaraciones, el jefe de su bancada, Jorge Luis Preciado, llegó a decir que las mujeres eran vehículos para la procreación y que la nueva comisión defenderá la vida desde la concepción hasta la muerte.
Es escandaloso que en vez de garantizar derechos se funde desde el Senado una comisión que violenta el derecho a la igualdad, el primero de los protegidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. El senador Martínez y Martínez discrimina, niega la dignidad y los mismos derechos, deja de tomar en cuenta a las personas con orientación hacia su propio sexo: afirmar que no forman familia y que no pueden adoptar hijos equivale a decir que no son seres humanos, que no son igualmente dignos. Podríamos solicitar que se aplique la pena que señala el artículo 206 del Código Penal del DF: “Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual…(…) o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Están discriminando también y negando la dignidad de las mujeres como personas, quienes no somos vehículos ni incubadoras, sino personas, libres e iguales en dignidad y derechos, con derecho a decidir. Parecen desconocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que el embrión no es persona y que no se puede proteger la vida prenatal sin proteger los derechos de las mujeres embarazadas. Parecen desconocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la interrupción legal del embarazo (ILE)resulta de este modo idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres pues la no penalización de la ILE tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto de su cuerpo, de su salud física y mental, e incluso respecto de su vida.
Lo más escandaloso es que estas ideas están en la mayoría de legisladores/as, como mostraron recientemente ante las iniciativas del aborto en los congresos de Guerrero y de Nuevo León. Qué bueno que algunas/os de las izquierdas han levantado la voz, pero necesitamos que hagan mucho más que eso: tendrían que eliminar esa comisión que contraviene la Constitución; o bien destituir a su presidente y reformar el decreto de creación para que se construya una comisión que reconozca la diversidad de familias y se enfoque en garantizar los derechos de sus integrantes.
Muy escandaloso es que los legisladores quieran negar las libertades a las personas. Revestidos de moralistas –como dice Giorgio Agamben–, los políticos actuales parecen atravesar un eclipse prolongado que da lugar a que aparezcan en posición subalterna con respecto a la religión, la economía e incluso el derecho, porque han ido vaciando la categoría y el propio concepto de lo que es la política. Compromiso equívoco entre moral y derecho es transformar la penitencia en penas y los pecados en delitos, confundir categorías ético-religiosas con conceptos jurídicos.
Con estas acciones el poder público muestra con toda desnudez el propio rostro y el propio envilecimiento: se han ido vaciando los conceptos de libertad, de soberanía, de democracia. Según la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental la desconfianza es algo generalizado: más de la mitad de los jóvenes mexicanos consideran que los partidos políticos son un negocio y están repletos de personas propensas a la corrupción, y más de 80 por ciento percibe como corruptos a los partidos políticos (ENCIG/INEGI 2014). Como el Estado sufre crisis de legitimidad, se pretende recuperarla en el plano de la legalidad, con la proliferación de normas y reformas, reduciendo la práctica política a una instancia de castigo y de vergüenza (G. Agamben,Medios sin fin, Pre-Textos, Valencia, 2010).
Los políticos imponen su dominio con una irrefrenable voluntad de falsificación y de consumo, hacen del dinero su única razón de vivir mientras agitan el fantasma de la crisis económica. Ganar elecciones a cualquier precio ha llevado a los partidos a someterse a la ideología religiosa y del espectáculo, del mercado y de la empresa. Aun los partidos progresistas y de izquierda llegan a transigir con el capital y a corromperse, a ceder y pactar con los contrarios; tal como los dueños de los medios de comunicación, los políticos han hecho de la política un fin en sí y no un medio orientado a la felicidad de todos. Y con ello, han perdido el lugar de la medianidad pura.
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