22 abril 2011
Es Viernes Santo y estamos a dos días de celebrar cuatro años de la despenalización del aborto en la ciudad de México. Con todo respeto a los creyentes, la cercanía de estos dos acontecimientos me obliga a subrayar la necesidad de exigir a los políticos que separen sus creencias religiosas de su función pública. Porque la mezcla de estas dos esferas es una amenaza para el ejercicio de las libertades de los ciudadanos, en especial de los derechos de las mujeres.
Desde el 26 de abril de 2007, los representantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal decretaron la reforma al Código Penal que despenalizó el aborto por decisión de la mujer hasta la semana 12 de gestación; con ello reforzaron la laicidad del Estado y, además, permitieron que las mujeres ejercieran el derecho a una maternidad libre, informada y responsable.
Hoy tenemos estudios que documentan lo ocurrido en estos años. Hay muy buenas nuevas por celebrar: hasta los primeros días de este mes, 56 mil 447 mujeres habían recibido un servicio seguro de interrupción legal de embarazo (ILE); otras 14 mil 400 que solicitaron el servicio no lo realizaron, lo que habla bien del servicio de consejería previo a la decisión, toda vez que asegura que a nadie se obliga a abortar, que la decisión de la embarazada es libre y que se cumple con los criterios de elegibilidad señalados por la ley. Llama la atención que no se ha reportado ningún caso en que la mujer embarazada decida dar en adopción a su bebé, a pesar de que se aborda como una de las tres opciones en la consejería; las otras son continuar el embarazo y hacerse madre, o bien recurrir a la ILE. Hay que saber que el método elegido por 70 por ciento de usuarias ha sido el uso del misoprostol, es decir, que se prefiere recurrir a un medicamento en vez del procedimiento quirúrgico, que ha sido la aspiración manual endouterina en el resto de los casos. El 75 por ciento son residentes del DF, 21 por ciento del estado de México, solamente 3 por ciento son de otros estados. Muchas embarazadas que viven fuera desconocen que todas las mujeres tienen derecho a recibir un servicio de ILE en la ciudad de México. Sesenta y siete por ciento tenían al menos un hijo, 26 un hijo, y 22 por ciento, dos hijos. El 6 por ciento son menores de 18 años; 98 por ciento de ellas acuden acompañadas por su madre.
Entre los datos sobresalientes está que en México se observa una de las menores tasas de reincidencia de ILE en el mundo, menos de uno por ciento, lo cual contrasta con el aborto legal en otras latitudes, como en Suecia, donde el porcentaje de repetición es de 38 por ciento, o en China, donde es de 38.5 (Manuel Mondragón y Kalb, Armando Ahued Ortega et al, El perfil de las pacientes de ILE en los servicios de la SS/GDF entre 2007-2010, Secretaría de Salud del DF, Population Council, INSP, México, 2001). El trabajo de médicos, enfermeras y trabajadoras sociales es un ejemplo de calidad y calidez: 85 por ciento reporta que el médico “la hizo sentirse cómoda”, 87 reporta que el médico “hizo lo adecuado para controlar el dolor”, 83 por ciento aceptó usar un método anticonceptivo después del procedimiento (Davida Becker et al, Percepciones sobre la calidad de los servicios de ILE: resultados de una encuesta, INSP, Population Council, Secretaría de Salud DF y Universidad de California en San Francisco, México, 2011).
Pero al norte del país ocurre lo contrario: las mujeres pasan un verdadero viacrucis comparable al de Cristo. A principios de este año el juzgado cuarto penal de Mexicali, Baja California, emitió una sentencia por 23 años de prisión a la joven Leslye por el supuesto delito de homicidio agravado por parentesco. Se trata de una joven madre que sufrió un aborto espontáneo en su segundo embarazo y que, al acudir en estado de extrema debilidad al hospital, el médico le levantó una orden de aprensión sin haber desahogado las pruebas y en clara violación a la presunción de inocencia. Ella lleva dos años viviendo en la cárcel, su proceso está en apelación; esperamos que el amparo lleve a la libertad de la joven y a la reparación del daño por parte del Estado para ella y su familia.
Los legisladores, el jefe de Gobierno y los secretarios de Salud del Distrito Federal han sabido separar las creencias religiosas de la función pública, a fin de garantizar la libertad de conciencia y el derecho a decidir de las mujeres. Otros políticos parecen confundirse. Cuando Felipe Calderón decide acudir a la beatificación de Juan Pablo II no debería hacerlo como jefe de Estado, porque la de Roma es una ceremonia religiosa. Confusiones como esas llevaron a panistas y priístas a promover leyes antiaborto en el interior de México. Las recientes declaraciones de Andrés Manuel López Obrador preocupan, porque si bien yo celebro como una recuperación de la ética en la política afirmar que “si somos buenos podemos ser felices”, es imperativo que evite el leguaje religioso: “tenemos que hacer a un lado el odio, la codicia y practicar el amor el prójimo”, las últimas tres palabras son tomadas del Levítico en la Biblia. En mi calidad de mujer del Movimiento de Regeneración Nacional le exijo que nos confirme su defensa del Estado laico y su compromiso con el derecho de las mujeres a decidir.
lunes, 25 de abril de 2011
Valores ¿en la SEP?
8 abril 2011
Nadie como Javier Sicilia ha criticado tan severamente a los políticos y a los criminales de este país; en su carta abierta señala: “Estamos hasta la madre de ustedes, políticos (y cuando digo políticos no me refiero a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes…), porque sólo tienen imaginación para la violencia, para las armas, para el insulto y, con ello, un profundo desprecio por la educación, la cultura y las oportunidades de trabajo honrado y bueno (…) De ustedes, criminales, estamos hasta la madre, de su violencia, de su pérdida de honorabilidad, de su crueldad, de su sinsentido. Antiguamente ustedes tenían códigos de honor. No eran tan crueles en sus ajustes de cuentas y no tocaban ni a los ciudadanos ni a sus familias. Ahora ya no distinguen. Su violencia ya no puede ser nombrada porque ni siquiera, como el dolor y el sufrimiento que provocan, tiene un nombre y un sentido. Han perdido incluso la dignidad para matar.”
El poeta relaciona la violencia con la falta de oportunidades educativas, entre otras cosas. Porque es muy lamentable que el desprecio por la educación haya llegado a excluir a la mitad de nuestros jóvenes (al cumplir los 15 años) y que ampliar la matrícula educativa no sea prioridad en el presupuesto. Tampoco lo son otras cosas elementales, como llevar agua potable a las escuelas (20 por ciento de las escuelas no cuentan con el preciado líquido), reparar el mobiliario escolar (16.7 por ciento de las bancas están deterioradas) o la higiene en los baños (29.6 por ciento).
Las prioridades de la SEP son otras: celebrar ostentosamente el bicentenario de la Independencia, regular engañosamente la distribución de alimentos chatarra en las escuelas, promover las telenovelas como recurso educativo o conmemorar con reuniones internacionales los 90 años de la SEP. Esta semana se realizó el Encuentro Educación y Valores para la Convivencia del Siglo XXI. Me parece oportuno analizar ¿cómo puede la escuela contribuir a la convivencia y reducir la violencia? El secretario de Educación no está de acuerdo con el poeta y periodista que perdió a su hijo; por el contrario, Alonso Lujambio rechazó que la pobreza conduzca a algunos grupos sociales a asociarse con el crimen organizado, pues “se trata de una decisión ‘moral’, basada en condiciones de libertad: nosotros queremos que los jóvenes rechacen esas opciones”. Yo comparto con Sicilia, y me pesa mucho, que la pobreza sea un factor crucial ligado a la violencia. Ciertamente no es el único, así que también comparto con Lujambio la necesidad de formar valores de convivencia y ejercicio de la libertad en la escuela.
Pero el discurso del secretario pasó a convertirse en un peligroso síntoma de simulación, cuando invita a Álvaro Uribe, nada menos que ex presidente de Colombia, para dar una conferencia magistral. ¿Acaso es el modelo a seguir de Lujambio? Espero que no, porque se trata de un presidente colocado por las fuerzas paramilitares y por los narcos de ese país, quien autorizó la instalación de bases militares de Estados Unidos en su territorio, quien además está acusado de múltiples asesinatos de jóvenes. Fue un mandatario que consideraba más peligrosas las drogas que las armas, que valoraba como inaceptable legalizar las drogas pero no regular el armamentismo, quien no hablaba de la pobreza ni de la falta de oportunidades como disparadores de la delincuencia. Uribe advirtió que si en las familias falla la formación de valores seguirá creciendo el crimen organizado y propone que ante la violencia, es la familia la institución que puede hacer el cambio, posición que compartió Margarita Zavala, participante de su mesa. Yo me pregunto, ¿cómo cambiar a las familias de los criminales? ¿Cómo podrán formar nuevos valores quienes han reclutado a los sicarios? Esos que, en palabras de Sicilia, han perdido la dignidad para matar. ¿Es en ellos en quienes quieren fincar la superación de la violencia?
En estos días salimos a tomar las calles muchos que, afortunadamente, no hemos tenido que ver el cuerpo destrozado de nuestro hijo. Algunas consignas de los jóvenes: “Violencia con violencia, también es delincuencia”, “No más sangre porque los estudiantes seremos trabajadores”, “La guerra de Calderón es el holocausto de los jóvenes”, “Fuera Calderón”, “Los asesinos están en Los Pinos... y en el Senado, y en la cancillería”, “Por nuestros hijos, por nuestros cuerpos”, “Estamos hasta la madre: Túnez, Egipto, Yemen y… México”, “Regulemos las drogas, Prohibición=Guerra”. Fuimos llamados por Javier Sicilia para intentar devolverle la dignidad a la nación, él nos sacó por un momento del shock, de la paralización sicológica en que nos encontramos todos después de más de 40 mil muertes. Como diría Noami Klein (The shock doctrine: the rise of disaster capitalism, Knopf, Canadá, 2007), la guerra del Estado contra el narcotráfico ha llevado a conmocionarnos y a doblegarnos, a colocarnos en un estado de shock ideal para ablandarnos, para que nos puedan imponer políticas y alistarnos, antes de que recobremos el equilibrio.
Nadie como Javier Sicilia ha criticado tan severamente a los políticos y a los criminales de este país; en su carta abierta señala: “Estamos hasta la madre de ustedes, políticos (y cuando digo políticos no me refiero a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes…), porque sólo tienen imaginación para la violencia, para las armas, para el insulto y, con ello, un profundo desprecio por la educación, la cultura y las oportunidades de trabajo honrado y bueno (…) De ustedes, criminales, estamos hasta la madre, de su violencia, de su pérdida de honorabilidad, de su crueldad, de su sinsentido. Antiguamente ustedes tenían códigos de honor. No eran tan crueles en sus ajustes de cuentas y no tocaban ni a los ciudadanos ni a sus familias. Ahora ya no distinguen. Su violencia ya no puede ser nombrada porque ni siquiera, como el dolor y el sufrimiento que provocan, tiene un nombre y un sentido. Han perdido incluso la dignidad para matar.”
El poeta relaciona la violencia con la falta de oportunidades educativas, entre otras cosas. Porque es muy lamentable que el desprecio por la educación haya llegado a excluir a la mitad de nuestros jóvenes (al cumplir los 15 años) y que ampliar la matrícula educativa no sea prioridad en el presupuesto. Tampoco lo son otras cosas elementales, como llevar agua potable a las escuelas (20 por ciento de las escuelas no cuentan con el preciado líquido), reparar el mobiliario escolar (16.7 por ciento de las bancas están deterioradas) o la higiene en los baños (29.6 por ciento).
Las prioridades de la SEP son otras: celebrar ostentosamente el bicentenario de la Independencia, regular engañosamente la distribución de alimentos chatarra en las escuelas, promover las telenovelas como recurso educativo o conmemorar con reuniones internacionales los 90 años de la SEP. Esta semana se realizó el Encuentro Educación y Valores para la Convivencia del Siglo XXI. Me parece oportuno analizar ¿cómo puede la escuela contribuir a la convivencia y reducir la violencia? El secretario de Educación no está de acuerdo con el poeta y periodista que perdió a su hijo; por el contrario, Alonso Lujambio rechazó que la pobreza conduzca a algunos grupos sociales a asociarse con el crimen organizado, pues “se trata de una decisión ‘moral’, basada en condiciones de libertad: nosotros queremos que los jóvenes rechacen esas opciones”. Yo comparto con Sicilia, y me pesa mucho, que la pobreza sea un factor crucial ligado a la violencia. Ciertamente no es el único, así que también comparto con Lujambio la necesidad de formar valores de convivencia y ejercicio de la libertad en la escuela.
Pero el discurso del secretario pasó a convertirse en un peligroso síntoma de simulación, cuando invita a Álvaro Uribe, nada menos que ex presidente de Colombia, para dar una conferencia magistral. ¿Acaso es el modelo a seguir de Lujambio? Espero que no, porque se trata de un presidente colocado por las fuerzas paramilitares y por los narcos de ese país, quien autorizó la instalación de bases militares de Estados Unidos en su territorio, quien además está acusado de múltiples asesinatos de jóvenes. Fue un mandatario que consideraba más peligrosas las drogas que las armas, que valoraba como inaceptable legalizar las drogas pero no regular el armamentismo, quien no hablaba de la pobreza ni de la falta de oportunidades como disparadores de la delincuencia. Uribe advirtió que si en las familias falla la formación de valores seguirá creciendo el crimen organizado y propone que ante la violencia, es la familia la institución que puede hacer el cambio, posición que compartió Margarita Zavala, participante de su mesa. Yo me pregunto, ¿cómo cambiar a las familias de los criminales? ¿Cómo podrán formar nuevos valores quienes han reclutado a los sicarios? Esos que, en palabras de Sicilia, han perdido la dignidad para matar. ¿Es en ellos en quienes quieren fincar la superación de la violencia?
En estos días salimos a tomar las calles muchos que, afortunadamente, no hemos tenido que ver el cuerpo destrozado de nuestro hijo. Algunas consignas de los jóvenes: “Violencia con violencia, también es delincuencia”, “No más sangre porque los estudiantes seremos trabajadores”, “La guerra de Calderón es el holocausto de los jóvenes”, “Fuera Calderón”, “Los asesinos están en Los Pinos... y en el Senado, y en la cancillería”, “Por nuestros hijos, por nuestros cuerpos”, “Estamos hasta la madre: Túnez, Egipto, Yemen y… México”, “Regulemos las drogas, Prohibición=Guerra”. Fuimos llamados por Javier Sicilia para intentar devolverle la dignidad a la nación, él nos sacó por un momento del shock, de la paralización sicológica en que nos encontramos todos después de más de 40 mil muertes. Como diría Noami Klein (The shock doctrine: the rise of disaster capitalism, Knopf, Canadá, 2007), la guerra del Estado contra el narcotráfico ha llevado a conmocionarnos y a doblegarnos, a colocarnos en un estado de shock ideal para ablandarnos, para que nos puedan imponer políticas y alistarnos, antes de que recobremos el equilibrio.
¿Partido o proyecto?
25 de marzo de 2011
Duele, duele en lo más profundo ver en lo que se han convertido los partidos políticos: son escombros, despojos que compiten con las imágenes dantescas que estos días nos llegan desde el norte de Japón.
El PRD no es ninguna excepción, las intestinas luchas por la presidencia en su Consejo Nacional parecen olvidar la función de los partidos políticos. Como partido de izquierda, tendría que encarnarse como una organización definida por la clase trabajadora, y por los excluidos, que son las masas de hoy. Pero está muy lejos, el partido ha perdido su base social, su orientación ideológica y hasta su estructura organizativa, por mencionar tres de las condiciones que, para Gramsci, definen un partido político. El posicionamiento ante los problemas de la sociedad, ante la inseguridad y la violencia, la desigualdad social, el retroceso en los derechos laborales y la derechización del país brillan por su ausencia en las tribus del PRD. No funcionan democráticamente sino burocráticamente, ejecutan pero no deliberan.
Lo que más duele es la falta de proyecto. Tal vez por eso nos levantó el ánimo el nuevo proyecto de nación que expuso Andrés Manuel López Obrador el domingo pasado en el Auditorio Nacional, el mismo día que en un hotel de Reforma se definía la mesa directiva del PRD, entre agresiones y desacuerdos violentos. La forma en que AMLO presentó el proyecto expresa un fondo político: recordaba su investidura como jefe de Gobierno del Distrito Federal y no como líder de la resistencia civil; formalmente vestido, habló con la seguridad de quien ha ejercido el poder público y ha ejecutado un programa gubernamental, esta vez con una propuesta que busca generar una revolución intelectual y moral, papel que Gramsci esperaba de un partido político. Fui testigo de un acto realizado de manera ordenada, organizada y pacífica, en la que un grupo de 35 intelectuales estaban sentados a espaldas del líder respaldando un proyecto que yo caracterizaría como integral y frontal a los principales problemas nacionales. Con elocuencia y conocimiento de causa, cinco oradores expusieron un proyecto más centrado en la promoción de los derechos económicos y sociales que en los culturales, pero increíblemente bien articulados: Armando Bartra, Víctor Flores Olea, Rogelio Ramírez de la O, Héctor Díaz Polanco y Raquel Sosa, minoría de mujeres, en el grupo total y en el de oradores, insisto, en política la forma es fondo, una desigualdad que señalo críticamente. Lorenzo Meyer, a quien tengo una especial admiración, no habló, recibió aplausos del público y él también aplaudía, selectivamente, ante algunas de las 50 acciones indispensables para la regeneración nacional que expuso AMLO. El entusiasmo no sólo se conectaba con la emoción individual sino con una esperanza colectiva que nos hacía falta: las ganas de cambiar el mundo. Lo nuevo del actual proyecto de nación es que fue corregido con base en las propuestas del proyecto alternativo en 100 foros de consulta estatales y sectoriales; observo asuntos que no estaban: la revolución de las conciencias y la restauración de la ética política inspirada en las ideas de Adolfo Sánchez Vázquez, la estrategia para la seguridad y en contra de la violencia, así como el rescate del derecho a la felicidad; les invito a leer directamente el texto original que ya está en venta en las librerías.
Aquí quiero llamar la atención sobre algunos asuntos muy puntuales, en especial los relativos a fortalecer el poder de la sociedad civil y el de los derechos humanos. Se habla de una nueva filosofía de vida que comience desde la micropolítica doméstica y alcance la organización comunitaria partiendo de las experiencias propias y de otros países de América Latina; se busca acceso universal al bienestar sin requisitos de formación académica, condición de género o racial, de idioma o de edad, de preferencia sexual, moral o política.
En el apartado número 10, que aborda el bienestar social y el derecho a la felicidad, celebro el rescate de este último derecho, del cual no se hablaba desde tiempos de George Washington o de José Martí. Se basa en reconocer el desmontaje del Estado y la disminución del gasto social que se encrudeció desde los años 80. Para garantizar el bienestar y la felicidad de los hombres y mujeres que habitan el territorio nacional se plantea la necesidad de refundar las instituciones públicas del país. Garantizar la vida desde el nacimiento hasta la muerte en condiciones aceptables, ojo, afirmar “desde el nacimiento” es reconocer que antes no hay titularidad como persona, lo cual sustenta el derecho a la maternidad voluntaria y se opone a las visiones de la derecha que defienden la vida “desde el momento de la concepción”. En seguida están todos los derechos económicos y sociales, se propone también garantizar el ejercicio de plenos derechos para las mujeres, los niños y los jóvenes, particularmente respecto a su integridad, seguridad y bienestar. Raquel Sosa habló del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, precisión que no apareció ni en el discurso de AMLO ni en la propuesta escrita, lo cual convendría precisar y darle mayor relevancia, porque los derechos sexuales y reproductivos siguen quedándose cortos en la propuesta.
Las 50 acciones son virtud de un proyecto que no se queda en “el qué” sino que incluye “el cómo”, sin embargo quedan abiertas algunas cuestiones: ¿Cómo fortalecer una política de bienestar en una economía globalizada y dependiente de transacciones internacionales de una sociedad mundial? ¿Cómo reconstruir el Estado social, cuando el Estado globalizado es más autoritario, cuando ha perdido su función como regulador del mercado y de los medios? ¿Tendríamos que inventar un nuevo sistema que sea independiente del Estado y de los partidos?
Duele, duele en lo más profundo ver en lo que se han convertido los partidos políticos: son escombros, despojos que compiten con las imágenes dantescas que estos días nos llegan desde el norte de Japón.
El PRD no es ninguna excepción, las intestinas luchas por la presidencia en su Consejo Nacional parecen olvidar la función de los partidos políticos. Como partido de izquierda, tendría que encarnarse como una organización definida por la clase trabajadora, y por los excluidos, que son las masas de hoy. Pero está muy lejos, el partido ha perdido su base social, su orientación ideológica y hasta su estructura organizativa, por mencionar tres de las condiciones que, para Gramsci, definen un partido político. El posicionamiento ante los problemas de la sociedad, ante la inseguridad y la violencia, la desigualdad social, el retroceso en los derechos laborales y la derechización del país brillan por su ausencia en las tribus del PRD. No funcionan democráticamente sino burocráticamente, ejecutan pero no deliberan.
Lo que más duele es la falta de proyecto. Tal vez por eso nos levantó el ánimo el nuevo proyecto de nación que expuso Andrés Manuel López Obrador el domingo pasado en el Auditorio Nacional, el mismo día que en un hotel de Reforma se definía la mesa directiva del PRD, entre agresiones y desacuerdos violentos. La forma en que AMLO presentó el proyecto expresa un fondo político: recordaba su investidura como jefe de Gobierno del Distrito Federal y no como líder de la resistencia civil; formalmente vestido, habló con la seguridad de quien ha ejercido el poder público y ha ejecutado un programa gubernamental, esta vez con una propuesta que busca generar una revolución intelectual y moral, papel que Gramsci esperaba de un partido político. Fui testigo de un acto realizado de manera ordenada, organizada y pacífica, en la que un grupo de 35 intelectuales estaban sentados a espaldas del líder respaldando un proyecto que yo caracterizaría como integral y frontal a los principales problemas nacionales. Con elocuencia y conocimiento de causa, cinco oradores expusieron un proyecto más centrado en la promoción de los derechos económicos y sociales que en los culturales, pero increíblemente bien articulados: Armando Bartra, Víctor Flores Olea, Rogelio Ramírez de la O, Héctor Díaz Polanco y Raquel Sosa, minoría de mujeres, en el grupo total y en el de oradores, insisto, en política la forma es fondo, una desigualdad que señalo críticamente. Lorenzo Meyer, a quien tengo una especial admiración, no habló, recibió aplausos del público y él también aplaudía, selectivamente, ante algunas de las 50 acciones indispensables para la regeneración nacional que expuso AMLO. El entusiasmo no sólo se conectaba con la emoción individual sino con una esperanza colectiva que nos hacía falta: las ganas de cambiar el mundo. Lo nuevo del actual proyecto de nación es que fue corregido con base en las propuestas del proyecto alternativo en 100 foros de consulta estatales y sectoriales; observo asuntos que no estaban: la revolución de las conciencias y la restauración de la ética política inspirada en las ideas de Adolfo Sánchez Vázquez, la estrategia para la seguridad y en contra de la violencia, así como el rescate del derecho a la felicidad; les invito a leer directamente el texto original que ya está en venta en las librerías.
Aquí quiero llamar la atención sobre algunos asuntos muy puntuales, en especial los relativos a fortalecer el poder de la sociedad civil y el de los derechos humanos. Se habla de una nueva filosofía de vida que comience desde la micropolítica doméstica y alcance la organización comunitaria partiendo de las experiencias propias y de otros países de América Latina; se busca acceso universal al bienestar sin requisitos de formación académica, condición de género o racial, de idioma o de edad, de preferencia sexual, moral o política.
En el apartado número 10, que aborda el bienestar social y el derecho a la felicidad, celebro el rescate de este último derecho, del cual no se hablaba desde tiempos de George Washington o de José Martí. Se basa en reconocer el desmontaje del Estado y la disminución del gasto social que se encrudeció desde los años 80. Para garantizar el bienestar y la felicidad de los hombres y mujeres que habitan el territorio nacional se plantea la necesidad de refundar las instituciones públicas del país. Garantizar la vida desde el nacimiento hasta la muerte en condiciones aceptables, ojo, afirmar “desde el nacimiento” es reconocer que antes no hay titularidad como persona, lo cual sustenta el derecho a la maternidad voluntaria y se opone a las visiones de la derecha que defienden la vida “desde el momento de la concepción”. En seguida están todos los derechos económicos y sociales, se propone también garantizar el ejercicio de plenos derechos para las mujeres, los niños y los jóvenes, particularmente respecto a su integridad, seguridad y bienestar. Raquel Sosa habló del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, precisión que no apareció ni en el discurso de AMLO ni en la propuesta escrita, lo cual convendría precisar y darle mayor relevancia, porque los derechos sexuales y reproductivos siguen quedándose cortos en la propuesta.
Las 50 acciones son virtud de un proyecto que no se queda en “el qué” sino que incluye “el cómo”, sin embargo quedan abiertas algunas cuestiones: ¿Cómo fortalecer una política de bienestar en una economía globalizada y dependiente de transacciones internacionales de una sociedad mundial? ¿Cómo reconstruir el Estado social, cuando el Estado globalizado es más autoritario, cuando ha perdido su función como regulador del mercado y de los medios? ¿Tendríamos que inventar un nuevo sistema que sea independiente del Estado y de los partidos?
“Políticamente correcto”
11 marzo 2011.
Defender los derechos de las mujeres se ha vuelto “políticamente correcto”, adverbio y adjetivo que se aplican a temas ligeros o light, es decir, asuntos que a nadie molestan, y que tampoco comprometen. Esta semana, todos los políticos se ufanan de luchar contra la desigualdad de género. Hasta los gobernantes del PAN celebran el Día Internacional de la Mujer, como si se nos olvidara que han atentado de manera muy grave contra sus derechos: en los últimos 10 años han sido asesinadas más de 10 mil mujeres y niñas en el país, un promedio de 120 mil han sido violadas anualmente; han detenido los libros de texto y las campañas de educación sexual; y por principios, votan contra el derecho a la maternidad voluntaria. Qué decir de los gobernantes del PRI: Mario Marín encubrió a pederastas, en Chihuahua no ha habido voluntad para frenar los feminicidios, representantes de este partido rechazaron la alerta de género ante el patrón sistemático de violencia contra las mujeres del estado de México, mientras Enrique Peña Nieto presenta un paquete de reformas para proteger al sexo femenino por ser “una inspiración para el trabajo”, algo así como sus musas; al colmo se llegó con la presidencia de Beatriz Paredes, cuando sus legisladores se pusieron de acuerdo con los obispos y arzobispos para cambiar 17 constituciones estatales para poder perseguir y encarcelar a las mujeres que recurren al aborto. En las últimas décadas, los políticos del PRI y del PAN han buscado la legitimidad de la Iglesia católica y han ido filtrando el narcotráfico en las esferas gubernamentales, hasta llegar a la actual militarización y violencia que tanto ensombrece nuestra vida cotidiana.
Las indígenas son las principales víctimas. En el sexto Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, celebrado esta semana en la comunidad nahua de Hueyapan, ellas reconocieron que el camino es largo y las tareas inmensas. Su agenda busca incidir desde lo local hasta lo global en la articulación y el liderazgo que representa la inclusión de género, expusieron su indignación por la creciente militarización de los territorios indígenas, pidiendo la salida de las fuerzas castrenses en esas zonas. Exigen castigo para los militares que abusan de mujeres indígenas: recordaron a Ernestina Ascencio Rosario, violada por militares en febrero de 2007, según se desprende del informe del perito médico forense; así como el caso en Guerrero donde la justicia mexicana exhibió sus aberraciones ante la violación y las torturas, cometidas por soldados en 2002, contra Inés Fernández y Valentina Rosendo. Además demandan derechos sexuales y reproductivos: acceso a la información con enfoque intercultural y metodología apropiada sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva, acciones de prevención y acceso a los métodos anticonceptivos, certificar los partos atendidos por parteras así como el registro de nacimiento e identidad legal, incorporar en la currícula escolar la educación sexual y reproductiva con enfoque diferencial con acompañamiento de mayores y sabias indígenas.
Los únicos políticos que han ampliado el ejercicio de los derechos de las mujeres más allá del discurso “políticamente correcto” son quienes gobiernan la ciudad de México desde hace 13 años. Acorde a la plataforma del PRD en esta ciudad de vanguardia, la mitad de las secretarías de Estado han estado encabezadas por mujeres, desde el 2000 se abrió el acceso a un aborto seguro y expedito en casos de violación, salud y riesgo de vida; en 2007 se aprobó la interrupción legal del embarazo por decisión de la mujer, hasta la semana 12 de gestación; se publicó el libro Tu futuro en libertad para informar a adolescentes sobre sus derechos sexuales y reproductivos; se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo; se reglamentó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, se modificó el Código de Procedimientos Penales para garantizar la seguridad física y sicoemocional de las mujeres que viven en situación de violencia, quienes cuentan con atención integral médica, sicológica y acompañamiento jurídico con abogadas especializadas; en el Metro y en las 16 delegaciones del Inmujeres DF operaran módulos de atención y denuncia de abusos sexuales; y se trata de una entidad donde la planeación presupuestal se diseñó con perspectiva de género.
Cien años de conmemoración del Día Internacional de la Mujer fueron necesarios para transformar un tema controversial en “políticamente correcto”, por eso es oportuno recordar que es la agenda de la izquierda: en 1911 delegadas de la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague acompañaron la propuesta de la dirigente comunista alemana Clara Zetkin, y sumaron esfuerzos en la lucha por los derechos de las trabajadoras, por el derecho al voto y por un frente común contra la discriminación.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos que acaba de aprobar el Senado tiene que transformarse en políticas públicas para garantizar la igualdad y dignidad de todos y todas, alcanzando a las indígenas y menores de edad, a pobres y ricas, creyentes y no creyentes, y a quienes tienen diferentes preferencias sexuales, como se agregó al primer artículo de nuestra ley suprema. Para ejercitar nuestros derechos las mujeres necesitamos gobiernos de izquierda que no hagan alianza con las derechas, para ir más allá de la letra y de los bonitos discursos, esos que sólo suenan con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Defender los derechos de las mujeres se ha vuelto “políticamente correcto”, adverbio y adjetivo que se aplican a temas ligeros o light, es decir, asuntos que a nadie molestan, y que tampoco comprometen. Esta semana, todos los políticos se ufanan de luchar contra la desigualdad de género. Hasta los gobernantes del PAN celebran el Día Internacional de la Mujer, como si se nos olvidara que han atentado de manera muy grave contra sus derechos: en los últimos 10 años han sido asesinadas más de 10 mil mujeres y niñas en el país, un promedio de 120 mil han sido violadas anualmente; han detenido los libros de texto y las campañas de educación sexual; y por principios, votan contra el derecho a la maternidad voluntaria. Qué decir de los gobernantes del PRI: Mario Marín encubrió a pederastas, en Chihuahua no ha habido voluntad para frenar los feminicidios, representantes de este partido rechazaron la alerta de género ante el patrón sistemático de violencia contra las mujeres del estado de México, mientras Enrique Peña Nieto presenta un paquete de reformas para proteger al sexo femenino por ser “una inspiración para el trabajo”, algo así como sus musas; al colmo se llegó con la presidencia de Beatriz Paredes, cuando sus legisladores se pusieron de acuerdo con los obispos y arzobispos para cambiar 17 constituciones estatales para poder perseguir y encarcelar a las mujeres que recurren al aborto. En las últimas décadas, los políticos del PRI y del PAN han buscado la legitimidad de la Iglesia católica y han ido filtrando el narcotráfico en las esferas gubernamentales, hasta llegar a la actual militarización y violencia que tanto ensombrece nuestra vida cotidiana.
Las indígenas son las principales víctimas. En el sexto Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, celebrado esta semana en la comunidad nahua de Hueyapan, ellas reconocieron que el camino es largo y las tareas inmensas. Su agenda busca incidir desde lo local hasta lo global en la articulación y el liderazgo que representa la inclusión de género, expusieron su indignación por la creciente militarización de los territorios indígenas, pidiendo la salida de las fuerzas castrenses en esas zonas. Exigen castigo para los militares que abusan de mujeres indígenas: recordaron a Ernestina Ascencio Rosario, violada por militares en febrero de 2007, según se desprende del informe del perito médico forense; así como el caso en Guerrero donde la justicia mexicana exhibió sus aberraciones ante la violación y las torturas, cometidas por soldados en 2002, contra Inés Fernández y Valentina Rosendo. Además demandan derechos sexuales y reproductivos: acceso a la información con enfoque intercultural y metodología apropiada sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva, acciones de prevención y acceso a los métodos anticonceptivos, certificar los partos atendidos por parteras así como el registro de nacimiento e identidad legal, incorporar en la currícula escolar la educación sexual y reproductiva con enfoque diferencial con acompañamiento de mayores y sabias indígenas.
Los únicos políticos que han ampliado el ejercicio de los derechos de las mujeres más allá del discurso “políticamente correcto” son quienes gobiernan la ciudad de México desde hace 13 años. Acorde a la plataforma del PRD en esta ciudad de vanguardia, la mitad de las secretarías de Estado han estado encabezadas por mujeres, desde el 2000 se abrió el acceso a un aborto seguro y expedito en casos de violación, salud y riesgo de vida; en 2007 se aprobó la interrupción legal del embarazo por decisión de la mujer, hasta la semana 12 de gestación; se publicó el libro Tu futuro en libertad para informar a adolescentes sobre sus derechos sexuales y reproductivos; se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo; se reglamentó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, se modificó el Código de Procedimientos Penales para garantizar la seguridad física y sicoemocional de las mujeres que viven en situación de violencia, quienes cuentan con atención integral médica, sicológica y acompañamiento jurídico con abogadas especializadas; en el Metro y en las 16 delegaciones del Inmujeres DF operaran módulos de atención y denuncia de abusos sexuales; y se trata de una entidad donde la planeación presupuestal se diseñó con perspectiva de género.
Cien años de conmemoración del Día Internacional de la Mujer fueron necesarios para transformar un tema controversial en “políticamente correcto”, por eso es oportuno recordar que es la agenda de la izquierda: en 1911 delegadas de la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague acompañaron la propuesta de la dirigente comunista alemana Clara Zetkin, y sumaron esfuerzos en la lucha por los derechos de las trabajadoras, por el derecho al voto y por un frente común contra la discriminación.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos que acaba de aprobar el Senado tiene que transformarse en políticas públicas para garantizar la igualdad y dignidad de todos y todas, alcanzando a las indígenas y menores de edad, a pobres y ricas, creyentes y no creyentes, y a quienes tienen diferentes preferencias sexuales, como se agregó al primer artículo de nuestra ley suprema. Para ejercitar nuestros derechos las mujeres necesitamos gobiernos de izquierda que no hagan alianza con las derechas, para ir más allá de la letra y de los bonitos discursos, esos que sólo suenan con motivo del Día Internacional de la Mujer.
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